El excanciller arremetió con duras acusaciones personales y políticas contra el Presidente, mientras defiende su actuación en el polémico caso que lo llevó ante la justicia.
El pulso político entre el exministro Álvaro Leyva Durán y el presidente Gustavo Petro escaló a un nuevo nivel. Este viernes, el excanciller publicó un comunicado en el que no solo se defendió de su llamado a juicio, sino que lanzó una serie de acusaciones que sacuden el escenario político nacional.
Leyva sostiene que el proceso en su contra, por el delito de prevaricato relacionado con la licitación de pasaportes, no es más que una persecución impulsada desde la Casa de Nariño. Según su versión, su decisión de declarar desierto el proceso con la firma Thomas Greg & Sons respondió a irregularidades detectadas en las condiciones del contrato.
En su pronunciamiento, el exministro advierte que la interpretación de la Fiscalía podría sentar un precedente peligroso: que cualquier funcionario que cuestione una licitación termine enfrentando consecuencias penales. Aun así, aseguró que dará la batalla judicial en la Corte Suprema, confiando en demostrar que actuó conforme a la ley.
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El comunicado también abre otro frente. Leyva arremetió contra el actual canciller Luis Gilberto Murillo, a quien acusó de haber frenado un proceso “limpio” para dar paso a decisiones que, según él, encarecieron el sistema de pasaportes y generaron el caos actual.
Pero fue en el plano personal donde el tono se volvió más explosivo. El excanciller afirmó haber pasado de la esperanza política a la denuncia, asegurando que conoció comportamientos que calificó como inaceptables dentro del entorno presidencial. En ese contexto, lanzó calificativos y acusaciones que elevan la tensión al máximo nivel.
Las declaraciones incluyen señalamientos sobre la conducta del mandatario tanto en escenarios nacionales como internacionales, así como advertencias sobre supuestos riesgos para el proceso democrático en el país.
Hasta ahora, el gobierno de Gustavo Petro no ha respondido oficialmente a estas afirmaciones, que ya generan reacciones en distintos sectores políticos.
El caso no solo abre un nuevo capítulo en la disputa entre ambos, sino que también se cruza con el debate sobre el manejo del sistema de pasaportes y el alcance de las decisiones administrativas en el ejercicio del poder.
