El presidente Gustavo Petro tomó una decisión contundente frente al escándalo registrado en la cárcel de Itagüí, donde se realizó una parranda vallenata con presencia de artistas y presuntos cabecillas criminales.
Durante un consejo de ministros realizado en Ipiales, el mandatario ordenó el traslado inmediato a Bogotá de los internos que participaron en la organización del evento, señalando que no se tolerarán este tipo de hechos en medio de procesos de paz.
“Se acabó el tema”, dijo el jefe de Estado al referirse a la situación, dejando claro que los implicados serán reubicados mientras se revisa su rol dentro de los diálogos de paz urbana.
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El escándalo tomó fuerza luego de que se conociera que la celebración habría tenido un costo cercano a los 500 millones de pesos y que varios invitados ingresaron al penal sin cumplir con los controles de seguridad establecidos.
Como respuesta, el INPEC inició inspecciones internas en los pabellones donde estarían recluidos algunos de los involucrados, además de anunciar la separación de al menos 11 funcionarios por presuntas fallas en sus funciones.
Este hecho también provocó la suspensión de los diálogos de paz urbana con bandas del Valle de Aburrá, cuyos voceros ya emitieron un pronunciamiento en el que reconocen lo ocurrido y se comprometen a evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
