La Corte Suprema de Justicia le dio un plazo de 60 días a Nueva EPS, junto con la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud, para elaborar un plan que permita enfrentar el incumplimiento de miles de tutelas presentadas por usuarios que siguen esperando medicamentos, tratamientos y citas médicas.
La decisión surgió tras estudiar el caso de Salomé Henao González, exgerente regional de Nueva EPS en Medellín, quien acumuló cerca de 2.000 sanciones por desacato, pese a que aseguró que no tenía funciones ni recursos para hacer cumplir las órdenes emitidas por los jueces.
Al analizar el expediente, la Corte concluyó que el problema no obedecía a la actuación de la exfuncionaria, sino a una crisis estructural que viene afectando el funcionamiento de la EPS, actualmente intervenida por el Gobierno y con más de 11 millones de afiliados.
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Por esa razón, el alto tribunal dejó sin efecto las multas, órdenes de arresto y demás sanciones impuestas contra Henao, al considerar que era imposible exigirle el cumplimiento de decisiones que no estaban bajo su control.
Además, ordenó que en un plazo máximo de dos meses se presente un plan de acción institucional con medidas concretas para mejorar el cumplimiento de las tutelas, dando prioridad a los pacientes que se encuentren en condiciones de mayor riesgo.
La Corte también advirtió que este fallo marca un precedente para otros directivos regionales de Nueva EPS y reiteró que la solución no pasa por sancionar a funcionarios sin capacidad de decisión, sino por corregir las fallas que siguen afectando la atención de millones de usuarios en el país.
