La exfuncionaria suscribió un preacuerdo con la Fiscalía y reconoció su responsabilidad por fraude procesal. El acuerdo contempla una pena de 36 meses, que deberá ser avalada por un juez.
El caso de los títulos académicos que puso a Juliana Guerrero en el centro de una investigación penal dio un nuevo giro este miércoles. La joven aceptó responsabilidad ante la Fiscalía y suscribió un preacuerdo relacionado con los documentos que presentó para acreditar estudios universitarios.
La aceptación se produjo durante una audiencia virtual, en la que se conocieron los términos del acuerdo alcanzado entre Guerrero y el ente investigador. De acuerdo con lo expuesto, la procesada admitió responsabilidad por el delito de fraude procesal.
La investigación está relacionada con dos títulos que aparecían a su nombre y que fueron expedidos por la Fundación Universitaria San José: uno de Contaduría Pública y otro de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.
Según la Fiscalía, Guerrero incorporó esos documentos a su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, SIGEP II, y posteriormente los presentó ante el Ministerio de la Igualdad en el proceso relacionado con su aspiración a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes.
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El acuerdo establece una pena de 36 meses de prisión y contempla una reducción de la responsabilidad atribuida a Guerrero, al pasar de autora a cómplice. La posibilidad de que la pena sea cumplida sin reclusión también hace parte de lo planteado, aunque será el juez quien determine si avala las condiciones pactadas.
Durante la diligencia, además, Guerrero manifestó su intención de ofrecer disculpas públicas a la Fundación Universitaria San José por lo ocurrido.
El caso que la llevó ante la justicia
La investigación comenzó después de que surgieran cuestionamientos sobre los títulos que figuraban en la hoja de vida de Guerrero. La Fiscalía estableció que los documentos no correspondían a estudios culminados conforme a los requisitos exigidos por la institución.
El entonces secretario general de la Fundación Universitaria San José, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, también fue procesado por su participación en la expedición irregular de los documentos. El exfuncionario aceptó responsabilidad y recibió una condena de tres años de prisión.
Con el nuevo preacuerdo, Guerrero cambia la postura que había asumido al comienzo del proceso. En una audiencia anterior, cuando la Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal, no había aceptado los cargos.
Ahora, el acuerdo deberá pasar por el control del juez, quien tendrá la última palabra sobre su legalidad y sobre la pena pactada.
