Una decisión judicial sacudió el país: un juez ordenó suspender el plan del Gobierno para sacrificar 80 hipopótamos en el Magdalena Medio, exigiendo que se prioricen alternativas como la esterilización y reubicación de estos animales.
El fallo se da tras la admisión de una acción de tutela que advierte posibles vulneraciones a la protección de los animales como seres sintientes y al debido proceso ambiental.
La demanda fue interpuesta contra entidades como el Ministerio de Ambiente de Colombia y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, responsables del manejo de esta especie invasora.
La solicitud, liderada por el ciudadano Andrés Felipe Alzate Builes, busca frenar cualquier intervención letal mientras se toma una decisión de fondo. El argumento central: antes de sacrificar, el Estado debe agotar todas las opciones no letales y garantizar la participación de expertos en el proceso.
El documento también insiste en que las decisiones sobre los hipopótamos no pueden tomarse a la ligera. Al ser considerados seres sintientes, su manejo debe responder a criterios éticos, legales y científicos, evitando medidas irreversibles sin un análisis completo.
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Actualmente, se estima que en Colombia hay cerca de 200 hipopótamos, una población que no deja de crecer desde su llegada en los años 80, cuando fueron introducidos por el narcotraficante Pablo Escobar en la Hacienda Nápoles. Hoy, su expansión representa un reto ambiental por el impacto en los ecosistemas y especies nativas.
Sin embargo, la polémica está lejos de terminar. Mientras el Gobierno defiende la eutanasia como una medida necesaria para controlar la especie, comunidades del Magdalena Medio rechazan la decisión, argumentando que estos animales también se han convertido en parte de la economía local, especialmente en el turismo.
