Jesús Reyes parecía tener un futuro brillante en el Banco Agrario. Ajustaba nueve años en la entidad estatal, y de auxiliar de servicios se había convertido en el director de la oficina del municipio de Murillo, Tolima, que de la noche a la mañana había aumentado el número de clientes.
“Como profesional en la asesoría comercial conozco las necesidades de una empresa que quiere posicionarse en el mercado y aumentar el número de sus clientes”, escribió en su perfil en redes, aún al aire.
Sin embargo, en una investigación interna, liderada por el presidente de la entidad, Francisco José Mejía, se descubrió que una jugosa tajada de los créditos que se habían aprobado en la oficina de Murillo, eran un total fraude.
Se detectó un batallón de pequeños deudores, de créditos de entre 10 millones y 20 millones de pesos, que tan solo pagaron una cuota y luego se esfumaron. Hasta un muerto aparece tramitando uno de los desembolsos.
Si bien se podría tratar de un hecho aislado, las alarmas se prendieron cuando Mejía notó que el saldo de la cartera vencida de varias oficinas del banco, especialmente del suroccidente del país, estaba creciendo atípicamente con el paso de los meses.
Y dueños de montallantas, droguerías y hasta camioneros –que miembros de la red ubicaban al azar en municipios de la sabana de Bogotá–, empezaron a aparecer tramitando estos créditos.
EL TIEMPO investigó el caso y estableció que un puñado de funcionarios del banco montó una especie de préstamos gota a gota, pero con dinero estatal.
La defraudación supera los 12.500 millones de pesos. Pero el monto fácilmente podría aumentar en los próximos meses, cuando se empiecen a vencer los periodos de gracia de otros empréstitos y no aparezcan los deudores.
“Cuando me posesioné ordené crear una unidad antifraude para saber qué estaba pasando. Se adquirió un ‘software’ de analítica de datos, y detectamos patrones de fraude similares en varios lugares del país. Ya le he entregado a la Fiscalía denuncias que implican a 17 oficinas”, le explicó Mejía a este diario.
Se adquirió un ‘software’ de analítica de datos, y detectamos patrones de fraude similares en varios lugares del país
Créditos basura
Aunque el caso se maneja bajo reserva, EL TIEMPO supo que en la oficina de Líbano, Tolima, la defraudación supera los 3.247 millones de pesos, en la de Ibagué-Murillo suman 3.886 millones; en la de Silvania, 3.000 millones; Castilla la Nueva, 163 millones, y en la de Nátaga, 500 millones.
También figuran en la investigación la de Florencia, Caquetá, con 1.200 millones, y la de Argentina, Huila, que por ahora registra 81 millones de pesos en créditos basura.
“Encontramos casos en Nariño, Meta, Huila, Tolima, Caquetá, Cundinamarca, y parece haber un mismo ‘modus operandi’”, explicó Mejía.
La Fiscalía ya logró judicializar a Jesús Reyes, el exdirector de la oficina de Murillo.
Y en ese expediente también aparecen Jorge Eudoro García, cajero principal de la oficina de Ibagué; Iván Enrique Reyes Villalba, director de Asagro Tolima (Asesores Agropecuarios); Rafael Oswaldo Puerta Echeverry, exasesor de la oficina de Rovira, y Jessica Valderrama, cajera.
Pero investigadores le dijeron a EL TIEMPO que vienen más capturas, y no se descarta que escalen a funcionarios de mayor rango.
La dueña de un pequeño local de abarrotes de Bogotá fue una de las pistas que se siguieron para descubrir el megafraude del que fue víctima la entidad estatal, que ahora el gobierno Duque no descarta privatizar en un porcentaje importante.
Encontramos casos en Nariño, Meta, Huila, Tolima, Caquetá, Cundinamarca, y parece haber un mismo ‘modus operandi
La comerciante aseguró que un grupo de funcionarios la venían presionando y amenazando para que les entregara parte del dinero del crédito que le habían otorgado de manera exprés y fraudulenta, para un falso cultivo de mora.
Se convirtieron en una especie de ‘gota a gota’. La llamaban a diario para exigirle sacar el dinero de los cajeros, con la tarjeta que le habían habilitado.
Según le contó la clienta al grupo conformado por Mejía, con el carné del programa Asagrarios colgado sobre el pecho, le dijeron que ellos se encargarían del trámite. El único requisito era desplazarse a un pueblo de Cundinamarca para firmar.
EL TIEMPO estableció que en varias interceptaciones legales quedaron la evidencia del ilícito y detalles de los movimientos de los saqueadores.
Los potenciales clientes de la red eran citados en una fotocopiadora en donde les tenían listo un contrato de arrendamiento de un predio rural para que desarrollara cultivos de café, aguacate y mora, o proyectos de ganadería, según la región.
“Falsificaban los certificados de sana posesión de la tierra, que entregan las juntas de acción comunal, y nadie verificaba su autenticidad”, dijo el presidente del banco.
De hecho, sin que el nuevo cuentahabiente pisara una sede del banco, le activaban la tarjeta débito para que empezara a sacar el dinero.
En algunos casos cobraban 150.000 pesos por adelantado por la documentación fraudulenta y el 10 por ciento del total del crédito.
Pero en otros casos, como en el del muerto de Murillo, se quedaban con todo el dinero desembolsado.
EL TIEMPO buscó al expresidente de la entidad Luis Enrique Dussán, que ahora aspira a la gobernación del Huila. Este aseguró que su administración ya había detectado y denunciado casos en Tolima y la Costa: “Yo mismo hablé con el Fiscal, y hubo funcionarios capturados. De hecho, nosotros montamos un sistema antifraude”.
Por ahora se han identificado 13 miembros de la red y un promedio de 3.000 créditos fraudulentos o basura. Y van contando.
Tomado de El Tiempo
