La Procuraduría General de la Nación también adelanta acciones contra el Alcalde de Santa Ana, Magdalena y dos concejales de esa población.
En lo que tiene que ver con las investigaciones que se adelantan en acciones conjuntas entre la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, por las presuntas irregularidades en la contratación por la pandemia, el Magdalena no sale bien librado; pues cursan en contra del gobernador Carlos Caicedo ocho investigaciones por parte de los entes de control.
En total son cinco indagaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación y tres por el lado de Fiscalía contra Carlos Caicedo, según informaron los jefes de los entes de control en conferencia de prensa.
Caicedo hace parte del grupo de gobernantes a los que le cursan 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario, según dijo Fernando Carrillo, procurador general.
Además de estar junto a Chocó con 3 en total; Vaupés con 7 y Nariño con 5, entre las administraciones departamentales con más indagaciones por parte de la Procuraduría.
En lo que tiene que ver con Fiscalía, el Gobernador del Magdalena aparece con tres casos, que lo incluyen en la lista de 14 con indagaciones.
Sobre esto el fiscal Francisco Barbosa Delgado, dijo que “en los próximos días se tomarán decisiones con nuevas imputaciones e imposición de medidas de aseguramiento contra algunos mandatarios departamentales y municipales, por conductas penales atinentes a la corrupción. La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general”.
En la rueda de prensa también estuvo presente el contralor general de la Nación, Carlos Felipe Córdoba.
SANTA ANA
En lo que tiene que ver con el municipio de Santa Ana, se informó que fue abierta por la Procuraduría General de la Nación, una investigación al alcalde Wuillman Bermúdez Silvera, y a los concejales del municipio, Yeselis Martínez Arévalo y Lenys Jiménez Medina, por presuntas irregularidades relacionadas con la entrega de las ayudas humanitarias provenientes del Gobierno Nacional a población vulnerable, el pasado 22 de abril.
Se investiga si el alcalde Bermúdez Silvera permitió que los dos concejales intervinieran en la entrega de las ayudas, mientras que en el caso de los cabildantes Martínez Arévalo y Jiménez Medina se busca establecer si utilizaron esa actividad para beneficiarse políticamente.
