A través de un escrito, el ente acusador presentó la acusación contra los supuestos involucrados en este hecho de corrupción.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra los tres presuntos responsables en las irregularidades del contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones -MinTIC- con la Unión Temporal Centros Poblados. Contrato que tenía como objetivo llevar el servicio de internet a los colegios en diferentes zonas rurales del país.
El documento indica que los empresarios Ottomar Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres; y el representante de Rave agencia de seguros, Juan José Laverde.
Estas tres personas serían responsables de los delitos de peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documento privado y fraude procesal.
De acuerdo con el material de prueba, Lascarro, Cáceres y Laverde habrían participado en la construcción ilegal de la unión temporal, además de la fabricación de las pólizas falsas con las que respaldaron el contrato.
Además, hicieron incurrir en error a los funcionarios de MinTIC y destinaron parte del anticipo para cubrir actividades que no correspondían al objeto contractual.
En el comunicado entregado por el ente acusador señala que una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción determinó que del anticipo de los 70.000 millones de pesos, “algunos dineros habrían sido entregados a los representantes de las empresas que prestaron sus nombres y experiencia para constituir la unión temporal Centros Poblados, pagar honorarios de abogados y dádivas a intermediarios, y comprar obras de arte, vehículos de gama alta, apartamentos, pasajes aéreos, entre otros gastos personales”.
