El ente investigador pidió documentos del contrato firmado en 2018 para la construcción de la institución educativa en el corregimiento. La obra, que ya supera los 12 mil millones de pesos, quedó en el radar de las autoridades.
La Fiscalía General de la Nación solicitó información detallada sobre el contrato para el diseño y construcción de la Institución Educativa Distrital de Taganga, una obra adjudicada en 2018 en Santa Marta y que hoy está bajo revisión dentro de una diligencia investigativa.
El requerimiento judicial pide copias completas del Contrato No. GI-03 de 2018, firmado entre el Distrito y la Unión Temporal Taganga 2018, con el objetivo de verificar cómo se adelantó el proceso contractual, la ejecución de la obra y el manejo de los recursos destinados al proyecto educativo.
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De acuerdo con la información conocida, el contrato fue suscrito el 16 de julio de 2018 por un valor inicial cercano a 9.414 millones de pesos, con un anticipo del 30 %. Sin embargo, con el paso del tiempo y las modificaciones contractuales, la inversión ya superaría los 12 mil millones de pesos.
De acuerdo con hallazgos de la Contraloría General de la República, el proyecto presenta serias fallas en su ejecución, entre ellas deterioro en la pintura, enchapes sin terminar, falta de aparatos sanitarios, mesones de laboratorio inconclusos e incluso hundimientos en algunas zonas de la infraestructura. La entidad también advirtió que no es claro en qué se invirtieron parte de los recursos del contrato, lo que encendió las alertas sobre el manejo de los millonarios fondos destinados a esta obra educativa.
En medio de este panorama, los organismos de control han puesto bajo la lupa la gestión de los exalcaldes Rafael Martínez y Virna Johnson, administraciones durante las cuales el proyecto tuvo prórrogas, suspensiones y pagos aprobados pese a los escasos avances en la obra.
Dentro de la solicitud, la Fiscalía pidió documentos clave como planos del proyecto, diseños estructurales y arquitectónicos, análisis de precios unitarios, actas de inicio y avance de obra, modificaciones contractuales e informes de supervisión e interventoría, además de la identificación de los funcionarios que estaban a cargo del seguimiento del contrato en ese momento.
La información será utilizada en una diligencia de inspección para verificar el estado actual de la obra y cómo se ejecutaron los recursos, mientras avanzan las investigaciones sobre este proyecto educativo que, años después de su contratación, sigue generando preguntas.
