El representante a la Cámara por el Magdalena solicitó explicaciones sobre las decisiones del Gobierno Nacional frente a los proyectos de desalinización y pidió conocer los estudios técnicos que respaldan las alternativas planteadas.
El futuro de las plantas desalinizadoras proyectadas para Santa Marta y el destino de los recursos previstos para su desarrollo volvieron al centro del debate sobre la crisis del agua en la ciudad. El representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, pidió al Gobierno Nacional precisar las razones para replantear estos proyectos y explicar qué alternativas contempla para garantizar el abastecimiento de agua potable.
El congresista recordó que se habían destinado $786.032 millones para las iniciativas contempladas en el CONPES 4159, impulsadas durante el Gobierno de Gustavo Petro. También hizo referencia a una decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena relacionada con la continuidad de su estructuración, financiación y ejecución, condicionada a la viabilidad técnica y ambiental, así como a la reducción de pérdidas y el mejoramiento de las redes de acueducto.
Piden conocer los estudios técnicos
Hernández cuestionó la posibilidad de descartar las desalinizadoras sin que se conozcan públicamente los estudios que sustentarían esa determinación. Por ello, solicitó que se expliquen los criterios técnicos, ambientales y financieros utilizados para evaluar la continuidad de los proyectos.
El representante también se refirió a los anuncios sobre una posible alianza regional en la que participaría la empresa Triple A de Barranquilla. Frente a esta alternativa, pidió claridad sobre el modelo de operación, la administración de los recursos y los beneficios concretos que tendría para los habitantes de Santa Marta.
El destino de los recursos, en el centro del debate
La discusión plantea interrogantes sobre cómo se utilizarán los recursos previstos para enfrentar el desabastecimiento y cuáles serán las soluciones que finalmente se implementarán. Para Hernández, es necesario garantizar transparencia en las decisiones y ofrecer información pública sobre las opciones que se están evaluando.
