Tras la polémica declaración del Presidente Gustavo Petro.
El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, anunció en la tarde de este viernes que su familia saldrá del país en los próximos días, “por temor a que sean asesinados”.
Lo anterior, tras las declaraciones del Presidente Gustavo Petro, en donde afirmó que era el “jefe” del Fiscal, algo que ha sido rechazado por instituciones nacionales e internacionales.
“En los próximos días salga del país mi familia por temor a que sean asesinados por cuenta de lo que ha ocurrido el día de hoy en Colombia. Esto no es un juego, no es un mecanismo que pueda tomarse a la ligera. Gustavo Petro no es un jefe de oposición en un país, es un jefe de Estado”, afirmó Francisco Barbosa en rueda de prensa.
Vale destacar que el mandatario colombiano manifestó a periodistas en la ciudad española de Salamanca donde este viernes recibió una condecoración, acto con el cual cerró su visita oficial a ese país, que: “El fiscal olvida una cosa, que la constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado, por tanto el jefe de él”.
Ante esto, Barbosa recordó en ‘Caracol Radio’ que la Fiscalía no es subalterna del presidente de la República y, en ese sentido, no trabaja bajo sus órdenes.
“No es mi jefe ni de la Fiscalía, él tiene unas competencias y yo otras. A mí me eligió la Corte Suprema de Justicia. Con esto, quiero decir que es un paso alarmante y un zarpazo a la justicia. Lo que acaba de decir Gustavo Petro es que no es un presidente sino un dictador en Colombia”, declaró.
Añadió en ‘Blu Radio’: “Si el presidente de la República cree que es mi jefe, pues entonces que proceda de forma inmediata a declarar una insubsistencia del fiscal general de la Nación y se establezca entonces un golpe de estado judicial en Colombia y entonces se plantea de una vez las caras frente a qué tipo de persona estamos. Lo que no puede admitirse es que un presidente de la República se convierta en una especie de dictador en Colombia, pasando por encima de la constitución y de la ley”. Además, Barbosa indicó que las declaraciones del presidente Petro son de un “dictador”.
Luego de las declaraciones de Petro, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas, la Corte Suprema de Justicia, la cual calificó de erradas sus palabras.
“El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”, señaló el alto tribunal.
De acuerdo con la Corte, Petro “desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”.
Ante esto, el mandatario volvió a referirse al tema a través de su cuenta de Twitter para insistir en que “el artículo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa”.
“No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado”, agregó Petro.
En esa línea, sostuvo que en calidad de “representante del Estado ante el pueblo” requiere respuesta a su pregunta: “¿Sabia la Fiscalía de la existencia de una lista del Clan del Golfo con el nombre de 200 personas a las que iban a asesinar y que después, sin ninguna actividad preventiva de la Fiscalía, asesinaron?”.
¿Cuál es la razón de la polémica?
La declaración de Petro se dio en medio de una controversia que tiene desde hace meses con Barbosa, quien ha cuestionado decisiones del mandatario, principalmente relacionadas con su política de paz total, y éste le reprochara el jueves al presidente que con sus comentarios le pone “una lápida a funcionarios judiciales”.
El cuestionamiento de Petro surge por un artículo publicado por el periodista Gonzalo Guillén, en el que se informa que “durante más de tres años el fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez (séptimo delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá) recibió reiteradas alertas e informaciones policiales urgentes sobre más de 200 homicidios que iban a ser cometidos por el Clan del Golfo en la Costa Norte, pero permitió que se cometieran y enseguida comenzó a proteger a los 14 asesinos principales, quienes permanecen libres y continúan delinquiendo”.
Por esto, insistió el Presidente en su respuesta a la Corte Suprema, “el crimen de 200 personas ¿no es un crimen contra la humanidad?, ¿el jefe del Estado no puede preguntar como representante del pueblo si una institución pública del Estado y del poder judicial cumplió o no cumplió su deber constitucional?, ¿entre los presuntos asesinos de lesa humanidad no se encontraba un financiador de una campaña presidencial?, ¿hay cercanía y amistad íntima entre el jefe de la institución investigadora y el jefe del Estado de ese entonces?”.
