Un fallo judicial histórico obliga a entidades nacionales y territoriales a garantizar los derechos fundamentales al agua, la salud y la vida digna de las comunidades palafíticas de Nueva Venecia y Buenavista.
El Juzgado Sexto Administrativo de Santa Marta emitió un fallo de tutela a favor del defensor de derechos humanos Andrés Gil, quien interpuso la acción para proteger los derechos al agua potable, alimentación, salud, vida digna y mínimo vital de los habitantes de las comunidades palafíticas de Nueva Venecia y Buenavista, en el departamento del Magdalena. La decisión judicial establece medidas inmediatas y de mediano plazo para abordar la grave situación que enfrentan estas poblaciones.
Medidas urgentes para garantizar agua potable
El fallo ordena a la Alcaldía de Sitionuevo, la Gobernación del Magdalena, el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) garantizar, en un plazo máximo de cinco días, el suministro de 50 litros diarios de agua potable por habitante.
Además, se deben entregar tanques de almacenamiento con capacidad de 20 mil litros para asegurar el acceso continuo al recurso hídrico mientras se implementan soluciones permanentes.
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En un periodo de seis meses, las entidades deberán instalar un sistema de potabilización de agua, diseñado en conjunto con las comunidades, y en un plazo máximo de dos años, completar la reactivación y entrega del proyecto de acueducto y alcantarillado (CÓDSIGEVAS 1-2023-2).
El Ministerio de Vivienda también deberá retrotraer el proceso de devolución de este proyecto, detenido por irregularidades administrativas de la Alcaldía de Sitionuevo.
