El cabildo convocó un debate de control político para exigir explicaciones sobre extorsiones, homicidios y hechos violentos en sectores como El Rodadero, ante el aumento de la preocupación ciudadana por la seguridad.
La seguridad se convirtió en uno de los temas centrales en el inicio del nuevo periodo de sesiones del Concejo Distrital de Santa Marta, luego de que el concejal Enrique González radicara una proposición para citar a debate de control político al secretario de Gobierno Distrital y al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.
La iniciativa, identificada como proposición 003, busca que las autoridades entreguen explicaciones detalladas frente al panorama de orden público en la ciudad, en medio de una serie de hechos recientes que han generado temor entre los habitantes y visitantes.
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El concejal expresó su preocupación por el incremento de situaciones violentas, incluyendo asaltos a plena luz del día y episodios registrados en sectores turísticos como El Rodadero, los cuales, según afirmó, no pueden ser asumidos como parte de la cotidianidad.
“Los delitos como la extorsión y el homicidio no se pueden normalizar en Santa Marta. La ciudadanía quiere escuchar cuáles han sido las estrategias y los resultados. Lo que estamos viviendo no es normal y queremos saber qué está pasando”, señaló el cabildante.
En el marco de la citación, el secretario de Gobierno deberá presentar un informe detallado sobre los delitos de mayor impacto registrados durante 2025 y lo que va corrido de 2026, incluyendo sus principales causas, el estado del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y las acciones adoptadas para enfrentar los hechos denunciados en zonas críticas como El Rodadero.
Asimismo, se solicitarán explicaciones sobre las medidas implementadas para garantizar la seguridad de comerciantes, residentes y turistas, en una ciudad cuya economía depende en gran parte de la actividad turística.
Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana deberá entregar un balance estadístico comparativo de los últimos dos años, un diagnóstico actualizado de la situación de seguridad y las estrategias priorizadas para reducir los delitos de alto impacto. También deberá explicar los mecanismos de coordinación entre la institución y la administración distrital.


