Jorge Lemus reconoció que durante su paso por la Dirección Nacional de Inteligencia se realizaron pagos a fuentes relacionadas con estructuras armadas y delincuenciales. También confirmó que se llegaron a mencionar bienes administrados por la SAE como posibles contraprestaciones, aunque aseguró que nunca se concretó la entrega de propiedades.
Una nueva controversia alrededor de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) quedó en el centro del debate luego de conocerse declaraciones del exdirector de la entidad, Jorge Lemus, sobre el manejo de fuentes humanas durante su administración.
Lemus reconoció que la DNI realizó pagos a personas vinculadas con organizaciones guerrilleras y estructuras delincuenciales a cambio de información considerada de interés para las labores de inteligencia.
El exfuncionario explicó que estos desembolsos se efectuaban con recursos oficiales destinados al manejo de fuentes humanas y sostuvo que no correspondían a recompensas, sino a pagos autorizados dentro de las actividades de inteligencia.
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La controversia aumentó por las referencias a bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). De acuerdo con un audio revelado públicamente, durante una conversación con Manuel Antonio Castañeda, conocido como el ‘Narcochofer’, se habló de posibles compromisos relacionados con propiedades bajo administración de esa entidad.
En la conversación, Lemus manifestó disposición para gestionar el asunto. Sin embargo, posteriormente aseguró que ningún bien fue entregado y que tampoco llegó a realizar gestiones ante la SAE para materializar la entrega de propiedades.
El propio exdirector reconoció, además, que ofrecer este tipo de beneficios no hacía parte de sus funciones. Según su explicación, las conversaciones buscaban generar acercamientos con fuentes que pudieran aportar información sobre organizaciones criminales y estructuras armadas.
Lemus también negó que la DNI hubiera entregado bienes o recompensas al denominado ‘Narcochofer’, aunque confirmó que la entidad sí efectuó pagos a fuentes relacionadas con organizaciones ilegales.
El caso genera interrogantes sobre los procedimientos utilizados por la DNI para el manejo de informantes, especialmente frente a los límites de las contraprestaciones que pueden ofrecerse a fuentes humanas y el uso de recursos públicos para obtener información de inteligencia.
