La asignación de esquemas de protección de la UNP a las dos jóvenes, cercanas al anterior Gobierno, genera cuestionamientos por el trámite de las solicitudes y los señalamientos que actualmente las rodean. La entidad sostiene que las medidas fueron otorgadas mediante procedimientos de evaluación de riesgo.
La asignación de medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz volvió a poner bajo la lupa las decisiones adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro, en medio de los cuestionamientos que actualmente rodean a ambas jóvenes.
La controversia tomó fuerza luego de conocerse detalles sobre los procedimientos que llevaron a la asignación de los esquemas de seguridad. En el caso de Juliana Guerrero, la propia UNP confirmó que recibió una solicitud proveniente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) el 6 de marzo de 2025, para evaluar su situación de riesgo.
Según explicó el director de la UNP, la solicitud fue remitida con información y soportes relacionados con el supuesto nivel de riesgo de Guerrero. Posteriormente, la entidad adelantó el procedimiento correspondiente y determinó la asignación de medidas de protección.
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Guerrero, quien estuvo vinculada al Gobierno Petro, se encuentra actualmente en el centro de una controversia por señalamientos relacionados con una presunta gestión irregular de contratos y tráfico de influencias. Las autoridades adelantan verificaciones para establecer si existen responsabilidades penales, por lo que hasta ahora se trata de señalamientos que deberán ser esclarecidos por la justicia.
El nombre de Gabriela Muñoz también quedó relacionado con la polémica. La joven, cercana al entorno del anterior Gobierno, habría recibido medidas de protección de la UNP que incluyen vehículo, escoltas y chaleco antibalas.
De acuerdo con la información conocida públicamente, su esquema fue aprobado posteriormente, bajo las disposiciones establecidas para personas que puedan encontrarse en situación de riesgo.
La controversia se concentra ahora en determinar por qué ambas jóvenes fueron consideradas beneficiarias de protección estatal y bajo qué circunstancias se sustentaron sus solicitudes, especialmente teniendo en cuenta que los cuestionamientos públicos que hoy las rodean surgieron en momentos posteriores.
Desde la UNP han insistido en que la asignación de esquemas no responde a decisiones personales del presidente de turno, sino a procedimientos institucionales y evaluaciones de riesgo. Sin embargo, el hecho de que una de las solicitudes haya sido tramitada desde el DAPRE durante el gobierno Petro ha generado nuevas preguntas políticas sobre el manejo de la protección estatal.
Por ahora, las autoridades deberán establecer si las medidas otorgadas a Guerrero y Muñoz estuvieron plenamente justificadas y si se ajustaron a los protocolos establecidos por la UNP.
