El Gobierno de Abelardo De la Espriella revocó la protección ambiental que había frenado nuevos proyectos mineros en la quebrada La Baja, en Santurbán. La medida cobijaba 1.499 hectáreas en California, Santander.
La decisión quedó en la Resolución 1037 del 13 de agosto, firmada por el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, y dejó sin efecto la resolución que había sido expedida pocos días antes por el gobierno de Gustavo Petro.
El Ministerio explicó que encontró irregularidades en el trámite. Una de ellas fue una recusación presentada contra Irene Vélez, quien estaba como ministra encargada cuando se firmó la resolución anterior.
Además, un juez de Bucaramanga ordenó garantizar la participación de las comunidades, el acceso a la información y el debido proceso. Por eso, el Gobierno decidió reiniciar el procedimiento y hacer una nueva revisión.
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La decisión provocó rechazo entre los defensores de Santurbán. El Comité en Defensa de Santurbán anunció acciones jurídicas y movilizaciones, al advertir que la revocatoria vuelve a poner en discusión proyectos como Soto Norte, de Aris Mining.
El Ministerio, por su parte, aclaró que esto no significa que la minería quede autorizada. El proceso deberá pasar nuevamente por una evaluación técnica, ambiental y jurídica, con participación de las comunidades.
La zona tiene especial importancia porque está relacionada con el abastecimiento de agua de más de dos millones de personas en Santander y Norte de Santander. Por eso, la nueva decisión vuelve a poner a Santurbán en el centro del debate entre protección ambiental y actividad minera.
