Con el nuevo régimen fiscal, una botella de aguardiente podría subir más de 25 000 pesos y una cajetilla de cigarrillos pagar más del doble en impuestos antes de llegar al consumidor.
Desde el pasado 1 de enero de 2026, cuando entró en vigor el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional, Colombia ha vivido un intenso debate fiscal que trasciende los escritorios del Ministerio de Hacienda y se ha trasladado a las calles, los despachos regionales y los hogares. La polémica se concentra en dos productos cotidianos: el licor y los cigarrillos.
La determinación del Ejecutivo de elevar el IVA sobre bebidas alcohólicas como aguardiente, ron, vinos y aperitivosdel 5 % al 19 % ha encendido las alarmas en sectores productivos y en las administraciones territoriales, que ven sus recursos afectados. Bajo esta nueva estructura, una botella de aguardiente de 750 mililitros, que antes se vendía alrededor de 50 000 pesos, podría acercarse a los 63 000 pesos en el precio final al consumidor, de acuerdo con cálculos de economistas y comerciantes que han seguido de cerca estos cambios.
El ajuste tributario también golpea de manera notable al tabaco. Una cajetilla de 20 unidades, que anteriormente pagaba alrededor de 4 000 pesos en impuestos directos, ahora podría tributar más de 11 000 pesos en gravámenes, lo que podría traducirse en un aumento considerable en el precio al público.
Gobernadores en pie de batalla
La respuesta de los gobernadores ha sido enérgica. Líderes regionales han cuestionado la constitucionalidad de aplicar por decreto impuestos que tradicionalmente eran de destinación territorial y que se usaban para financiar salud, educación y deporte en los departamentos. Algunos mandatarios han anunciado que no acogerán la medida y que buscarán protección judicial ante lo que consideran una vulneración de la autonomía fiscal local.
Frente a estas resistencias, el Ministerio de Hacienda ha insistido en que la medida es necesaria para cubrir un déficit presupuestal que supera los 11 billones de pesos, y que los nuevos tributos temporales son parte de una estrategia para estabilizar las finanzas públicas. Además, se han convocado reuniones entre el Gobierno y los mandatarios regionalespara buscar puntos de acuerdo.
Expertos y autoridades regionales advierten que el incremento en los precios podría beneficiar al mercado informal, incentivando el contrabando de licor y tabaco. Cuando los productos legales se encarecen, el consumidor podría migrar hacia alternativas sin control sanitario ni tributario, fenómeno que ya se observa en algunas zonas fronterizas y que complicaría aún más la recaudación oficial.
La tensión entre el Gobierno Nacional y las regiones se ha intensificado, reflejando una disputa más amplia sobre la forma en que se maneja la política fiscal y la autonomía territorial. La medida no solo ha generado impacto económicoen productos de alto consumo, sino también un debate político que podría tener implicaciones en el panorama electoraly en la gobernabilidad de los próximos años.
El decreto de emergencia económica sigue siendo objeto de análisis y discusión en múltiples escenarios, y su impacto real en el bolsillo de los colombianos apenas empieza a sentirse en los precios de cada día.
