Las autoridades exigieron la liberación inmediata de funcionarios judiciales y policías retenidos en Arauca
La Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia rechazaron de manera contundente el anuncio del Ejército de Liberación Nacional sobre supuestas “condenas” y “juicios revolucionarios” impuestos a cuatro personas que permanecen secuestradas por esa organización armada ilegal.
A través de un comunicado conjunto, ambas entidades recordaron que Colombia es un Estado Social de Derecho y que únicamente las instituciones judiciales tienen la facultad de administrar justicia.
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“Colombia es un Estado Social de Derecho, que se rige por la Constitución de 1991, cuyo mandato establece que son los jueces, las instituciones que integran la Rama Judicial y los organismos del Estado, los encargados de administrar justicia”, señalaron.
Asimismo, recalcaron que el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los ciudadanos constituye uno de los principios fundamentales del orden constitucional colombiano.
“El secuestro solo deja más dolor”
En el pronunciamiento, las autoridades también hicieron un llamado urgente al respeto por la vida y la libertad de las personas retenidas.
Además, agradecieron a organizaciones, autoridades y ciudadanos que mantienen activos canales humanitarios buscando una liberación sin condiciones.
“El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia”, señalaron las entidades.
El comunicado advierte además que décadas de conflicto armado han demostrado que el secuestro deja consecuencias permanentes para las víctimas, sus familias y el país.
Los funcionarios “condenados” por el ELN
Entre las víctimas se encuentran Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, integrantes del CTI secuestrados en mayo de 2025 en el departamento de Arauca.
Según un comunicado difundido por el Frente de Guerra Oriental del ELN, ambos deberán permanecer secuestrados durante 60 y 55 meses respectivamente por supuestamente pertenecer a organismos estatales señalados por la guerrilla de cometer “crímenes de lesa humanidad”.
