El Plan de Ordenamiento Territorial sigue su curso en el Concejo. Ya inició su presentación en la plenaria de la corporación.
La reubicación de guarniciones militares y otros inmuebles, que según la urbanística no deben estar dentro de las poblaciones, siempre ha suscitado controversias. La expansión demográfica de la ciudad ha copado los espacios que antes se creían lejanos y hoy están incluidos en las áreas urbanas.
El caso del batallón José María Córdova, la cárcel Rodrigo de Bastidas y las instalaciones de Ecopetrol, son una de las tantas edificaciones que deben ser removidas porque generan una afectación a la comunidad vecina, esto contenido en la nueva proyección que presenta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que estará vigente durante los próximos 12 años.
Dentro del articulado también incluye el traslado de otras instalaciones dedicadas a la producción y procesamiento de bebidas, como es el caso de la sede de Postobón, la cual también debe salir del perímetro residencial.
El concejal Enrique González, ponente del proyecto de acuerdo, explicó que las instituciones y empresas llamadas a cambiar el sitio fueron citadas a una sesión para fijar una fecha en la que se deben trasladar, pero algunas no fueron, otras no aceptaron y solo una aceptó la propuesta del POT.
“En el artículo 59 de Plan está planteado el traslado de estas edificaciones. Les pasamos un cuestionario a cada una de ellas en el qué les consultamos ¿Qué tiempo necesitan para cambiarse o qué requerían para el cambio? En este sentido el batallón Córdova expresó que ellos eran dueños de las tierras donde están y que no tienen ninguna intención para el cambio de esa zona. Lo mismo manifestó Ecopetrol, quien manifestó que ellos se regían desde el nivel central”, indicó González.
La base del Ejército, ubicada en el barrio Manzanares, hoy es rechazada también por la misma comunidad que siente que la institución no le aporta a la seguridad del sector, asimismo, consideran que el material de guerra guardado, puede significar una nueva explosión como la que ocurrió en septiembre de 2017. Líderes del barrio solicitan que el tema del batallón sea revaluado.
Otra particularidad reprochada por la ciudad, es el aprovechamiento de las playas que han sido convertidas a uso privativo del cantón militar San Fernando, así como la imposibilidad de que turistas y nativos puedan visitar el castillo y fortaleza que la da el nombre al centro recreacional.
“Para el caso de la cárcel es más complicado porque de ellos no asistió nadie a responder por en la plenaria. Con Postobón pasó todo lo contrario, solicitaron un tiempo no mayor a 6 años para iniciar su cambio de lugar”, concluyó el Concejal.
Las comunidades cercanas a estos lugares esperan que el POT pueda resolver problemáticas concentradas en los territorios desde hace décadas y las que el Jate Matuna se quedó corto hace 20 años cuando se presentó.
