La violencia, el narcotráfico y la minería ilegal empujan a Quito a cerrar el mercado a productos colombianos.
La frontera entre Colombia y Ecuador dejó de ser solo un punto de intercambio y cooperación: ahora es el epicentro de una nueva tensión económica que amenaza con golpear de lleno el comercio binacional. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció que a partir del 1 de febrero su país impondrá un arancel del 30% a los productos colombianos, como respuesta directa a la inseguridad que azota la zona fronteriza.
La decisión, calificada como una medida de presión sin precedentes recientes, llega en medio de una escalada de violencia atribuida a grupos narcotraficantes y redes de minería ilegal que operan a ambos lados de la frontera. Según el mandatario ecuatoriano, la situación se salió de control y exige acciones inmediatas y conjuntas.
“El país vive un conflicto armado interno”, ha reiterado Noboa, quien ha declarado estados de excepción en varias regiones como parte de su estrategia para recuperar el control territorial. Bajo ese contexto, el arancel se convierte en una herramienta política y económica para exigir un compromiso real de Colombia en la lucha contra estas estructuras criminales.
El impacto de la medida no será menor. Ecuador es uno de los socios comerciales más importantes de Colombia en la región andina, por lo que el aumento del 30% en los costos de importación podría afectar directamente a exportadores, comerciantes y consumidores, especialmente en sectores como alimentos, textiles, manufacturas y productos agrícolas.
Mientras tanto, las relaciones diplomáticas entre ambos países atraviesan un momento delicado. Aunque el presidente colombiano, Gustavo Petro, reconoció la victoria electoral de Noboa, los vínculos entre ambos gobiernos no han sido cercanos, y esta nueva decisión amenaza con profundizar el distanciamiento.
