Tras más de doce horas de negociaciones, líderes comunitarios aceptaron desbloquear la vía que comunica a Santa Marta con La Guajira. Entre las principales peticiones figuran la devolución de elementos incautados durante el operativo militar en Quebrada del Sol, garantías electorales y el impulso de diálogos con el Gobierno Nacional.
La reapertura de la Troncal del Caribe no fue producto únicamente de las negociaciones para restablecer la movilidad. Detrás del acuerdo que permitió desmontar los siete bloqueos instalados por comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta quedaron consignadas una serie de exigencias que ahora deberán ser trasladadas al Gobierno Nacional y a diferentes entidades del Estado.
Luego de más de doce horas de conversaciones entre representantes de las comunidades, la Alcaldía de Santa Marta, la Gobernación del Magdalena, la Defensoría del Pueblo y organismos humanitarios, los líderes accedieron a levantar los cierres que mantenían paralizado uno de los corredores viales más importantes del Caribe colombiano.
Sin embargo, durante la mesa de diálogo quedaron expuestas varias inconformidades relacionadas con el operativo militar adelantado por el Ejército Nacional contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) en la vereda Quebrada del Sol.
La devolución de bienes, una de las principales peticiones
Uno de los reclamos que más fuerza tuvo durante las conversaciones fue la devolución de varios elementos que, según las comunidades, fueron retirados durante las inspecciones realizadas por las autoridades en predios y establecimientos de la zona.
Entre los objetos mencionados por los líderes figuran un dron utilizado para fumigación agrícola, una nevera y otros elementos que presuntamente fueron trasladados durante los procedimientos desarrollados en el marco de la operación militar.
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Las comunidades sostienen que dichos bienes pertenecen a habitantes y comerciantes de la región y que no tendrían relación con actividades ilícitas, por lo que solicitaron una revisión de cada caso por parte de las autoridades competentes.
Garantías para participar en las elecciones presidenciales
Otro de los puntos centrales de la negociación estuvo relacionado con la segunda vuelta presidencial programada para el próximo domingo.
Los líderes comunitarios manifestaron su preocupación por las dificultades que podrían presentarse para ejercer el derecho al voto en las poblaciones rurales ubicadas sobre el corredor de la Troncal del Caribe.
Por esta razón, solicitaron garantías para la instalación y funcionamiento de los puestos de votación, así como condiciones de seguridad que permitan la participación de los habitantes durante la jornada electoral.
La petición fue incluida dentro de los compromisos que serán trasladados a las autoridades electorales y al Gobierno Nacional.
Comunidades piden reactivar los diálogos
Durante las conversaciones también surgió una solicitud relacionada con la situación de orden público que afecta a la Sierra Nevada.
Los representantes comunitarios plantearon la necesidad de retomar los espacios de diálogo y concertación impulsados anteriormente por el Gobierno Nacional para abordar las problemáticas que enfrenta el territorio.
Según expresaron algunos líderes durante la jornada, existe preocupación por la falta de avances en varios compromisos anunciados en el pasado y consideran que la región necesita una mayor presencia institucional para atender las dificultades sociales y económicas que viven sus habitantes.
Se levantaron los bloqueos, pero quedan interrogantes
Las exigencias fueron fundamentales para alcanzar el acuerdo que permitió restablecer la movilidad en la Troncal del Caribe y poner fin a varias horas de afectaciones para viajeros, transportadores, turistas y comunidades.
No obstante, una vez despejada la vía, la atención se concentra ahora en la respuesta que entreguen las entidades nacionales frente a los compromisos planteados durante la negociación.
Aunque la carretera volvió a operar con normalidad, líderes comunitarios dejaron claro que esperan resultados concretos sobre las solicitudes presentadas, especialmente en lo relacionado con los bienes decomisados, las garantías electorales y el cumplimiento de los compromisos institucionales adquiridos con las comunidades de la Sierra Nevada.
