Existe un riesgo sistémico por la demora en los giros, que puede afectar la calidad de vida de los ciudadanos de estratos 1, 2 y 3, especialmente.
Alarmados por la mora en los giros de subsidios de energía y gas, la Contraloría y la Procuraduría conformaron una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético. Este equipo ya trabaja con los Ministerios de Minas y Hacienda y citó al superintendente de Servicios Públicos para hacer seguimiento a la sostenibilidad, calidad y cobertura de estos servicios esenciales.
La lupa de los entes de control se centra en la deuda del Gobierno y entidades oficiales, que a enero de 2025 ascendía a $7,6 billones por subsidios de energía ($2,7 billones), opción tarifaria ($3,3 billones), deuda de usuarios oficiales ($1 billón) y subsidios de gas ($628 mil millones).
En desarrollo de una circular conjunta, contralor y procurador requirieron información detallada a la Superservicios sobre la situación de Air-e, empresa intervenida, incluyendo la supuesta prohibición de coadministración, recursos del Fondo Empresarial, respuesta a solicitud de fondos por $2,8 billones y garantías de mutuos otorgados.
También pidieron detalles sobre el control de subsidios y la confiabilidad de la información reportada en el SUI.
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El contralor Carlos Hernán Rodríguez enfatizó la urgencia de ajustes en la gestión de subsidios, señalando deficiencias en el sistema de estratificación y riesgos para las finanzas públicas y la prestación de los servicios. Advirtió que la falta de soluciones podría afectar la calidad de vida de los usuarios y el desarrollo del país.
Finalmente, el contralor aseguró que, junto a la Procuraduría, continuarán su labor de control fiscal para garantizar que los subsidios cumplan su propósito social sin comprometer la sostenibilidad fiscal y aportando soluciones oportunas a la crisis energética.
