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Denuncian plan criminal de disidencias de las Farc tras atentado contra Miguel Uribe Turbay

La periodista Vicky Dávila alertó desde su cuenta de X sobre un supuesto plan orquestado por Iván Mordisco para atentar contra líderes políticos, incluyendo a la senadora María Fernanda Cabal y a ella misma. El Gobierno, en medio de negociaciones fallidas con este grupo, enfrenta nuevas señales de expansión armada.

Una grave denuncia agitó el panorama político y de seguridad en Colombia tras el atentado con explosivos ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón (Bogotá), donde resultó herido el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Según la periodista Vicky Dávila, el ataque habría sido ordenado por Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc, como parte de un plan más amplio de desestabilización.

Lea aquí: Asesinan a un hombre de varios disparos mientras estaba dentro de su vehículo en Galicia

La denuncia fue publicada directamente por Dávila en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde reveló que la información proviene de un alto oficial de inteligencia militar, quien le advirtió sobre un presunto complot terrorista en marcha. De acuerdo con ese informe, el atentado contra Uribe Turbay habría sido ejecutado por alias ‘Pelo’ o ‘El Grande’, presunto integrante de las disidencias, y no sería el único.

“El oficial me advirtió que yo también estoy en esa lista, así como la senadora María Fernanda Cabal”, afirmó Dávila en su publicación, encendiendo las alarmas sobre posibles amenazas dirigidas contra líderes de la oposición política al Gobierno Petro.

La comunicadora cuestionó además la política de diálogo del Ejecutivo con estos grupos armados, asegurando que mientras el Gobierno intentaba negociar, las disidencias aprovechaban para reorganizarse y expandirse territorialmente. “Esto no es solo un ataque contra un senador; es una alerta sobre lo que puede convertirse en una ofensiva violenta contra la democracia”, añadió.

El grupo armado aludido surgió tras el Acuerdo de Paz de 2016, al apartarse del proceso de desmovilización y retomar las armas. Desde entonces ha sido vinculado a narcotráfico, minería ilegal, extorsiones y múltiples ataques armados.

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Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta grave denuncia, aunque se conoce que organismos de inteligencia estarían evaluando el alcance de las amenazas.

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