Cinco ciudadanos colombianos permanecen recluidos en una prisión del oriente de Venezuela, tras ser detenidos por no portar documentación migratoria. Sus familias denuncian violaciones al debido proceso y a los Derechos Humanos, y alertan que no figuran en listados de posibles liberaciones.
La situación de los colombianos presos en Venezuela vuelve a generar preocupación. Cinco hombres, dedicados a la minería, continúan privados de la libertad en el Estado Delta Amacuro, luego de ser detenidos en agosto por no contar con pasaportes en regla y posteriormente señalados de terrorismo, sin garantías judiciales ni defensa adecuada.
Los hombres fueron capturados en la ciudad de Tucupita, capital del Estado Delta Amacuro, y permanecen recluidos en el Destacamento 611 Vía Nacional, un centro de detención señalado por condiciones inhumanas.
Desde su arresto, sus familiares aseguran que se les ha negado el debido proceso, así como el respeto a sus Derechos Humanos fundamentales. Los detenidos fueron identificados como: Bayron Moreno González, Jhon Freiman Gonzáles Pretel, Jhon Eduard Moreno González; Angélico Daniel Montaño Chamorro, y Edinson Riascos Suárez.
Según las denuncias, los cinco trabajadores fueron arrestados únicamente por no tener su documentación migratoria en regla, pese a lo cual enfrentan cargos desproporcionados.
Acusaciones de terrorismo y silencio oficial
De acuerdo con el testimonio de familiares, las autoridades venezolanas habrían procesado a los colombianos por presuntos delitos de terrorismo, una acusación que califican como injusta y arbitraria.
“A ellos se les detuvo solo por no tener los papeles de entrada a Venezuela y ahora están siendo procesados injustamente por terrorismo”, denunció Andra Waitotó, esposa de uno de los detenidos.
Las familias también manifestaron que los nombres de los cinco colombianos no aparecen en el listado de eventuales liberaciones, lo que incrementa la angustia y la incertidumbre sobre su situación jurídica.
Las denuncias incluyen la difusión de fotografías del antes y después de la detención, donde se evidencia el deterioro físico de los privados de la libertad desde agosto. Los familiares hacen un llamado a organismos internacionales, al Estado colombiano y a defensores de Derechos Humanos, para que intervengan y exijan garantías judiciales.
Mientras tanto, los colombianos presos en Venezuela continúan a la espera de una revisión justa de sus casos, en medio de un contexto de tensión diplomática y denuncias constantes sobre el trato a extranjeros detenidos en ese país.
