La indagación busca aclarar la contratación de elementos de papelería y logística por casi $1.000 millones.
Este martes, la Procuraduría General de la Nación, informó sobre la apertura de una investigación disciplinaria contra la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, y el exsecretario de Gobierno, Bayron Arrieta, por presuntas irregularidades en un contrato por más de $970 millones
El anterior, para la implementación de un programa que buscaba garantizar la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia en la ciudad, según indicó el Ministerio Público.
A través de un comunicado, la Procuraduría asegura que, al parecer, la administración distrital celebró un convenio de asociación en el que no se habría evidenciado que, la mayor parte del presupuesto estaba destinado a la adquisición de elementos de papelería o de oficina y servicios logísticos conforme a una solicitud de la Registraduría.
“Los documentos aportados hasta ahora, no soportan que la escogencia de una entidad sin ánimo de lucro y su contratación directa, haya sido la manera adecuada de satisfacer la necesidad de la entidad”, se lee en el pronunciamiento.
El ente de control, señala que, tampoco se evidencia la existencia de un estudio del mercado y del sector adecuado que lleve a que el objeto del convenio se cumpliera a cabalidad.
Además, la Procuraduría General investiga una presunta adición al convenio de menos del 50%, sin los análisis y estudios de conveniencia necesarios, y cambios de condiciones técnicas como alquileres de salones.
Por lo anterior, el ente disciplinario solicitó a la Alcaldía de Santa Marta, la documentación relacionada con este convenio de asociación suscrito con la asociación de Gente Joven A.G.J.
