La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el cierre de El Helicoide, señalado como el mayor centro de torturas de América Latina, y la promoción de una ley de amnistía general, decisión que la oposición atribuye a la presión de Estados Unidos tras recientes cambios políticos en el país.
El cierre de El Helicoide, histórico centro de torturas en Venezuela y sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), fue anunciado este viernes por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, durante el acto de instalación del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas.
Rodríguez informó que las instalaciones dejarán de funcionar como centro de detención y serán transformadas en un complejo social, deportivo, cultural y comercial, destinado a la familia policial y a las comunidades cercanas. La funcionaria sostuvo que la decisión busca “darle un nuevo uso a un espacio del Estado”.
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El anuncio se produce semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refiriera públicamente a El Helicoide como un “centro de torturas”, en medio de crecientes acercamientos diplomáticos entre Washington y sectores del chavismo.
En el mismo escenario, Rodríguez reveló que el régimen impulsará una ley de amnistía general que abarcaría el periodo de conflictividad política desde 1999 hasta la actualidad.
No obstante, precisó que quedarían excluidos quienes estén procesados o condenados por homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. La iniciativa deberá ser debatida en el Parlamento, de mayoría oficialista.
Frente a este anuncio, la líder opositora María Corina Machado aseguró que la medida no responde a una voluntad genuina del régimen, sino a la presión real ejercida por el Gobierno de Estados Unidos.
La dirigente expresó su esperanza de que la amnistía permita la liberación de más de 700 presos políticos que, según denunció, aún permanecen detenidos en distintos centros de reclusión del país.
Machado sostuvo que en Venezuela ha operado durante décadas un aparato represivo sistemático, dirigido contra periodistas, activistas, estudiantes, profesionales y dirigentes políticos, y afirmó que existen casos de personas que llevan más de 20 años privadas de la libertad, así como denuncias de desapariciones forzadas.
La opositora concluyó que, tras años de persecución y represión, la comunidad internacional ha comenzado a comprender la magnitud del entramado criminal que, a su juicio, se consolidó en Venezuela, y recalcó que la presión externa ha sido determinante para forzar anuncios como el cierre de El Helicoide.
