La Asamblea Departamental debatió la situación de orden público en el departamento abordando temáticas como los indicadores delictivos, el plan de seguridad y convivencia, a igual que la atención a las víctimas, entre otros.
En desarrollo de la sesión ordinaria de la Asamblea del Magdalena en la que se debatió la situación de orden público en el departamento, el brigadier general Royer Gómez Herrera, comandante de la Primera División del Ejército, anunció que la presencia de esta fuerza se incrementará con la llegada de cuatro pelotones de soldados profesionales que cubrirán el territorio magdalenense.
Entre tanto, la secretaria del Interior y directora de la Oficina de Paz de la Gobernación del Magdalena, Nayara Vargas, socializó el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana del departamento y destacó que durante lo corrido del presente año se han obtenido resultados importantes en materia de reducción de índices delictivos y que de la mano con las demás autoridades se trabaja articuladamente en garantizar la seguridad de los magdalenenses.
No obstante, la presidenta de la duma, Rosita Jiménez, manifestó su preocupación porque hasta la fecha no ha entrado en funcionamiento el Consejo Departamental de Paz del Magdalena, desde el que se orienten las acciones de seguridad a implementar en esta jurisdicción.
A su vez, Consuelo Navarro, vocera de la Mesa Territorial de Garantías, exigió mayor compromiso del Gobierno Departamental para el funcionamiento de esta instancia en el Magdalena.
En el debate también intervinieron Yulmer Pérez, en representación de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL); José Mario Romero Solano, delegado de la Unidad de Víctimas, quien se refirió a las tres emergencias humanitarias que se han atendido este año en el departamento por desplazamiento y confinamientos en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo, delegó a Jacob Gutiérrez Buelvas, quien se refirió a las 76 jornadas de atención dirigidas a la población confinada por desplazamiento forzado o en riesgo de padecerlo, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y mayo de 2024.
