El presunto daño fiscal de mayor cuantía investigado es de $28.020 millones y está relacionado con un convenio para llevar agua a varios municipios.
La Contraloría General de la República adelanta en el departamento de Magdalena investigaciones en casos emblemáticos que suman posibles daños patrimoniales por más de $41 mil millones.
Así lo reportó la Gerencia Departamental de la CGR en la Rendición de Resultados correspondiente a 2020, realizada mediante una Audiencia Pública Virtual que cubrió los 8 departamentos de la Región Caribe.
El presunto daño fiscal de mayor cuantía investigado en el departamento es de $28.020 millones y está relacionado con un convenio entre el Magdalena y el Consorcio Aguas Kapital Macondo, dentro del Plan Departamental de Aguas.
Otra cifra a destacar es que el organismo de control ha producido en este departamento 10 fallos con responsabilidad fiscal por $9.715 millones.
Casos emblemáticos de la gestión de la CGR en Magdalena
Caso 1:
La Contraloría como resultado de la actuación fiscal, determinó la existencia de irregularidades un convenio macro celebrado dentro del Plan Departamental de Aguas entre el Departamento del Magdalena y el Consorcio Aguas Kapital Macondo, cuyo objeto fue la construcción de unos acueductos en varios municipios del Departamento, se extracta de autos que, al momento de la liquidación del contrato las obras no se encontraban ejecutadas en su totalidad, es decir, no eran funcionales.
Lo anterior, generó un presunto daño fiscal en cuantía de $28.020 millones de pesos. Como Presuntos responsables aparecen los ex gobernadores del Departamento del Magdalena y los ex gerentes de Aguas del Magdalena para la época de los hechos.
Caso 2:
Como resultado de la actuación fiscal, determinó la ocurrencia de presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de concesión n°. 423 del 26 de diciembre del 2007, suscrito entre la secretaría del Interior del Departamento del Magdalena y Empresarios Asociados de Apuestas Permanentes del Departamento de Magdalena S.A. (Aposmar S.A.).
El objetico del contrato fue la “concesión para la explotación del juego de apuestas permanentes o chance en el Departamento del Magdalena. La cuantía del presunto daño asciende a $5.548 millones de pesos. Como presuntos responsables aparecen los representantes de la firma contratista.
Caso 3:
La Contraloría determinó la existencia de presuntas irregularidades en contratos celebrados por la Empresa de Servicios Públicos de El Banco, con la firma KAGUA SUR S.A. E.S.P, los cuales tenían por objeto la ejecución de proyectos de alcantarillado en el municipio, con cargo a recursos de regalías vigencia 2007 y recursos de agua potable y saneamiento básico.
Por las citadas irregularidades se generó un presunto detrimento por valor de $4.404 millones de pesos.
Como Presuntos responsables se tiene a: el alcalde de la época, el secretario de planeación, los representantes de la Empresa de Servicios Públicos de El Banco y a los contratistas.
Caso 4:
La entidad evidenció que el objeto del proyecto “Construcción del Sistema de Acueducto del Corregimiento de Piñuela, Municipio de Pivijay, Departamento del Magdalena” si bien fue ejecutado, y existen las instalaciones, no cumplió con su verdadero propósito, el cual es proveer de agua potable a la población del corregimiento de Piñuela, municipio de Pivijay.
Lo anterior, debido a que el acueducto solo funcionó por un periodo de 2 meses correspondientes a noviembre y diciembre del año 2019, siendo abastecido por un jagüey de agua, cruda por medio de una bomba. L
El hecho generó un presunto daño por valor de $1.891 millones de pesos. Se tiene como presunto responsable al gerente de la Empresa Aguas del Magdalena.
Caso 5:
El proyecto “Optimización y ampliación del sistema de acueducto de los Corregimientos de Buenos Aires y Sampués del Municipio de Aracataca, departamento del Magdalena”, si bien cumple con su principal finalidad, que consiste en abastecer a los citados corregimientos de agua potable, presenta múltiples fallas técnicas.
Estas falencias hacen que los componentes relacionados en las observaciones realizadas no cumplan con los estándares estipulados por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).
Además, generó problemas estructurales, ocasionando con ello un posible daño patrimonial, el cual fue tasado en $1.385 millones de pesos, se tiene como presuntos responsables por estos hechos al Gerente de la Empresa Aguas del Magdalena y al contratista.
