Un posible detrimento patrimonial fue establecido en un informe de la Contraloría General de la República por posibles hallazgos fiscales por un valor de $708.770.136 pesos en Aguas del Magdalena.
El informe fue emitido en virtud del Contrato de Obra Número CO-002-2011 cuyo objeto fue la optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de la Zona Bananera, específicamente en las áreas de Río Frío, Prado Sevilla, Soplador y la Gran Vía.
Los investigadores de la Contraloría encontraron que el detrimento se origina por la existencia de mayor valor pagado en el ítem pavimento en concreto asfáltico compactado y plantilla de nivelación, según la Contraloría correspondientes a los capítulos línea de impulso de pozos a tanque almacenamiento, retro distribución acueducto y construcción caseta de bombeo, generando su posible detrimento parte mundial por dicho valor.
En virtud de lo anterior, la Controlaría dijo que “lo anterior refleja debilidad en los procesos y procedimientos de la etapa de planeación y contractual al igual que un deficiente seguimiento por parte del interventor y la supervisión técnica en cabeza de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P”.
Por lo tanto, se configura un presunto detrimento fiscal dado que la inobservancia la normatividad jurídica y técnica mencionada presuntamente se constituye en una gestión fiscal antieconómica, ineficaz ineficiente; por otra parte teniendo en cuenta que los hechos evidenciado consecuencia de acciones u omisiones que redundan en detrimento del partido en el público e implican el desconocimiento de los principios que regulan la contracción contratación estatal se constituye como observación con presunta incidencia disciplinaria.
Por consiguiente, establece la Contraloría, “la observación es consecuencia de la falta aplicación de los principios de la función administrativa, así como de la inobservancia de los principios de la contratación pública de economía y responsabilidad por parte de la entidad contratante, asimismo por debilidades en la ejecución, imputables al contratista y fallas en el control y seguimiento al contrato por parte del interventor”. Y respecto al centro nucleado de Río Frío la Contraloría General de la República configura una observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria fiscal por valor de 656. 759.402 pesos.
