La Policía del Magdalena y la Metropolitana de Santa Marta movilizarán a 180 capturados, mientras que 14 mujeres extranjeras serán llevadas a centros penitenciarios regionales, como parte de una estrategia para aliviar el hacinamiento en las estaciones de Policía.
Una medida para reducir el hacinamiento en las estaciones de Policía del Magdalena y Santa Marta dejó como resultado el traslado de cerca de 200 personas privadas de la libertad hacia centros penitenciarios regionales, luego de una mesa de trabajo liderada por la gobernadora Margarita Guerra con autoridades del sistema penitenciario nacional.
Durante el encuentro participaron el director nacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Daniel Gutiérrez, y el director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Fidel Espitia, quienes coordinaron las acciones para descongestionar los espacios de detención transitoria en el departamento.
Según explicó la mandataria, el Comando de Policía del Magdalena trasladará a 90 capturados que actualmente permanecen bajo custodia en estaciones policiales de varios municipios.
De igual forma, el Comando de Policía Metropolitana de Santa Marta trasladará a otros 90 detenidos, además de 14 mujeres de nacionalidad extranjera, quienes serán llevadas a centros penitenciarios regionales.
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“Esto permitirá aliviar la situación de hacinamiento y, al mismo tiempo, que la Policía pueda disponer de más uniformados para fortalecer las labores de seguridad y convivencia ciudadana en las ciudades y municipios del departamento”, señaló Guerra.
Municipios beneficiados
Los traslados impactarán principalmente a las estaciones de Policía de Fundación, Pivijay, El Banco, Ciénaga y Santa Marta, donde el número de detenidos supera la capacidad de estos lugares destinados únicamente para reclusión temporal.
De acuerdo con las autoridades, la iniciativa busca atender la crisis carcelaria que afecta al departamento, una problemática que no solo genera hacinamiento, sino que también complica la labor operativa de la Policía, cuya función constitucional no es la custodia permanente de personas privadas de la libertad.
