El Congreso llama a rendir cuentas a las entidades responsables de la Essmar ante el fracaso de una intervención que prometía soluciones, pero dejó más interrogantes que avances.
La paciencia institucional con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar) parece haberse agotado, tras cuatro años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios), los resultados siguen siendo cuestionables y el descontento ciudadano va en aumento.
Ante esta situación, en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes fue aprobada por unanimidad la proposición radicada bajo el número 093 del 22 de octubre de 2025, mediante la cual se convoca a un debate de control político para revisar la crítica prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad.
Hernando Guida, Representante a la Cámara por parte del Magdalena y ponente remitió un cuestionario a la Superservicios, al Ministerio de Vivienda y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) con el fin de esclarecer las acciones y omisiones que han mantenido estancada la mejora del sistema de acueducto y alcantarillado. La convocatoria también incluye la participación de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Alcaldía de Santa Marta, el Concejo Distrital, el agente especial interventor de Essmar y la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio, Silvia Elena Medina.
El debate busca que las entidades responsables respondan por el manejo de la empresa, los resultados de la intervención y las inversiones ejecutadas, teniendo en cuenta las reiteradas quejas de los samarios por cortes de agua, rebosamientos de alcantarillado y daños constantes en la red de distribución.
“Esperamos que este debate permita establecer soluciones de fondo a una problemática que por años ha afectado la calidad de vida de los samarios y ha frenado el desarrollo económico y turístico de la ciudad”, expresó el congresista.
Mientras tanto, la Essmar continúa bajo la lupa. Cuatro años después de la intervención, los problemas persisten y Santa Marta sigue esperando que el agua deje de ser un privilegio y vuelva a ser un derecho.
