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Caicedo se aprovecha de la justicia y de un fallo sin necesidad, para hacer política: Congresista sobre medidas contra Electricaribe

El representante a la Cámara, César Lorduy, calificó como en vano las medidas cautelares otorgadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico al exalcalde Carlos Caicedo, que condicionan los incrementos en la tarifa de Electricaribe.

Aseguró que las medidas contempladas en el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico, no son tienen mayores efectos porque ya se están cumpliendo.

Dijo el congresista que Caicedo debería renunciar a cualquier aspiración política, a raíz de esta decisión.

“Ellos que dicen ser tan transparentes deberían ser consecuentes y no usar con fines políticos decisiones judiciales que, entre otras, no tienen mayores efectos porque ya se están cumpliendo”, señaló el congresista.

Lorduy indicó que no cree esta decisión haya sentenciado la carrera a la Gobernación del Departamento de Magdalena.

“Aún no hay nada sentenciado en ese tema. Me parece bien que se hagan las mesas de trabajo pero no se puede hacer eso y aspirar a un cargo de elección popular al mismo tiempo”.

Según un comunicado enviado por el equipo de prensa de Carlos Caicedo, el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, resolvió frenar un posible incremento de las tarifas del servicio que Electricaribe le presta a un gran sector de los habitantes de la Costa; además de suspender el proceso de contratación de terceros operadores.

En el texto de la providencia proferido el pasado 18 de enero de 2019 y notificado por estado electrónico el 12 de febrero de la presente anualidad se ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que antes de aprobar alguna modificación a la tarifa del servicio de energía prestado por Electricaribe, programe, establezca y evacue dos mesas de concertación en audiencias públicas en cada uno de los Departamentos afectados -en los cuales Electricaribe presta sus servicios-, a fin de que se realicen audiencias de socialización en las que participen funcionarios de la Creg, alcaldes de los municipios afectados, comités locales de usuarios y el actor, para que allí se discutan todos los asuntos relativos a la pertinencia, eficacia, ventajas, desventajas y condiciones de las modificaciones tarifarias a adoptar.

Señala la providencia que las audiencias deberán ser coordinadas con los sujetos intervinientes y la parte actora, en este caso Carlos Caicedo, quien interpuso la acción popular para frenar la privatización de la Empresa Electicaribe y el aumento de las tarifas.

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