El mandatario salvadoreño estudia una salida anticipada y vigilada para cerca de la mitad de los presos señalados de colaborar con pandillas. La propuesta llega en medio de cuestionamientos por los procedimientos judiciales aplicados durante el régimen de excepción.
El sistema de detenciones de El Salvador vuelve al centro de la discusión después de que el presidente Nayib Bukele anunciara que su Gobierno analiza permitir que una parte de los presos vinculados con las pandillas abandone anticipadamente la cárcel. La iniciativa busca establecer diferencias entre los niveles de participación en estas estructuras, pero también abre interrogantes sobre la revisión de los casos acumulados durante la ofensiva contra las organizaciones criminales.
Desde marzo de 2022, cuando entró en vigor el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 93.000 personas señaladas de pertenecer a las pandillas o colaborar con ellas. Ahora, el propio mandatario reconoce que no todos los tipos de colaboración tienen el mismo nivel de responsabilidad y plantea que esa diferencia sea considerada para determinar quiénes podrían acceder al beneficio.
Durante una conferencia de prensa, Bukele explicó que la propuesta podría cobijar aproximadamente al 50 % de los presos que colaboraron con estas organizaciones. No obstante, aclaró que la medida no significaría declararlos inocentes, sino permitirles salir antes de cumplir sus condenas, bajo condiciones y mecanismos de vigilancia.
El presidente ilustró su planteamiento con dos situaciones distintas: la de una persona que participa en ocultar un cadáver y la de un joven obligado a vigilar una calle para advertir a los pandilleros sobre la presencia de la Policía. Con estos ejemplos, defendió la necesidad de diferenciar las responsabilidades según el tipo de participación y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
Las dudas sobre los procesos judiciales
El anuncio se conoce en un contexto de críticas al tratamiento judicial de los detenidos durante la política de seguridad salvadoreña. Human Rights Watch advirtió el pasado 7 de octubre sobre procesos colectivos en los que cientos de acusados son juzgados al mismo tiempo, con cuestionamientos sobre la calidad de las pruebas, el acceso a la defensa y las garantías para controvertir las acusaciones.
La organización también señaló que algunas personas han sido procesadas por asociación ilícita a partir de señalamientos generales de colaboración con pandillas, sin que siempre se precise qué conducta concreta se les atribuye. Estas observaciones han alimentado las exigencias de revisar individualmente los expedientes y establecer si las pruebas justifican las condenas.
Tras el anuncio de Bukele, defensores de derechos humanos consultados por la agencia EFE consideraron que la propuesta representa un reconocimiento implícito de los problemas que han denunciado durante años.
Sin fecha definida para las posibles salidas
Por ahora, el Gobierno no ha publicado un calendario para ejecutar la medida ni ha precisado cuántas personas podrían beneficiarse finalmente. Tampoco se conocen todos los requisitos que determinarían quién puede recibir la libertad condicional, ni el procedimiento definitivo para autorizarla.
La discusión se produce mientras continúa vigente el régimen de excepción, una herramienta que el Ejecutivo considera necesaria para impedir que las pandillas recuperen el control de los territorios. Bukele ha defendido la continuidad de esa política, aunque también ha manifestado que espera terminarla en algún momento.
El alcance de la propuesta dependerá de cómo se realice la evaluación de los casos y de las condiciones legales que se establezcan para conceder las salidas anticipadas.
