Hasta la zona de Clarestero o la finca ‘La ilusión’, en Riofío, Zona Bananera, propiedad de una poderosa familia de empresarios de Santa Marta, llegaron las autoridades de Policía para adelantar un allanamiento por el presunto robo de redes de energía.
El proceso liderado
por la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, fue adelantado con
una orden entregada por el fiscal del caso porque al parecer en la propiedad
actúa una de las más poderosas redes de robo de energía del país.
Según fue
manifestado por la entidad el operativo se evidenció la manipulación y
alteración de elementos empleados para la medición de los consumos (equipos de
medida), con el fin de obtener el servicio de energía eléctrica mediante
conexiones no autorizadas por la empresa Electricaribe.
Según la Superintendencia
el propietario de la finca, quien fue identificado por Caracol Noticias como
Manuel Julián Maya, le cerca de $3.400 millones de pesos a Electricaribe.
Según se conoció
la deuda es correspondiente a facturas no pagadas en los últimos doce años,
facturas pagadas parcialmente e intereses moratorios.
La compañía emitió distintas órdenes de
suspensión del servicio, pero dada la ubicación del equipo de medida, el cual
fue trasladado irregularmente por el propietario del predio, no se habían
podido ejecutar. Ante ello, se desmontaron 1.400 metros de cable de aluminio
número 2, un transformador trifásico de 45 kilovatios, un poste de doce metros de
cemento, seis crucetas de madera, una cruceta metálica, veinticinco aisladores
y seis corta circuitos; asimismo se inhabilitaron otros dos transformadores que
quedaron en custodia en la finca.
La
Superintendente, Natasha Avendaño García, fue enfática en afirmar que “es
inaudito que personas y empresas como los propietarios de “La Ilusión” que son
quienes más recursos tienen, realicen acciones inescrupulosas que afectan a
toda una comunidad, estas conductas pueden configurar un delito por
defraudación de fluidos tal como lo contempla el artículo 256 del Código Penal.
Serán las autoridades competentes las que tomen las medidas necesarias e
inicien las investigaciones pertinentes frente a estos hechos que afectan la
operación de la empresa y la prestación de los servicios públicos
domiciliarios”.
Este
operativo sirvió para restituir los derechos de la empresa, garantizando
también que los vecinos al inmueble allanado, no se vieran afectados por el
corte en el servicio de energía en el lugar.
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