La jornada estuvo dirigida a fiscales, policía judicial, investigadores, ministerio público y jueces de la región Caribe.
La empresa Air-e, en conjunto con la Universidad del Norte y Universidad Javeriana, realizaron el seminario taller ‘delitos contra los servicios públicos domiciliarios y el impacto que estos generan’. La jornada estuvo dirigida a fiscales, policía judicial, investigadores, ministerio público y jueces, de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha.
En este seminario, se reforzaron los aspectos normativos y procedimentales del delito de defraudación de fluidos por apropiación del servicio de energía eléctrica, consagrado en el artículo 256 del Código Penal. Además, se realizó un ejercicio práctico con todos los asistentes.
“Se analizaron todos los procesos que se deben adelantar en contra de quienes roben energía eléctrica (…) con esto, garantizaremos la eficacia en los operativos que se adelantan para contrarrestar esta problemática” señaló Juzzy Zelaya, director general de control de energía de Air-e.
De la misma manera, analizaron las distintas conductas de la configuración del delito, circunstancias de agravación, elementos materiales probatorios y evidencias físicas, la manera apropiada de recopilarlos y presentarlos al proceso, la cuantificación de los perjuicios económicos que causan, la afectación que se genera en la prestación del servicio de energía, forma adecuada de llevar el proceso y las condenas que se pueden imponer a quienes incurren en estas conductas.
Por su parte, el catedrático de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, Luis Felipe Botero Cárdenas comentó “queremos hacer una reflexión frente a las razones político-criminales por las cuales el legislador optó en el año 2000 por la estructuración de un tipo penal autónomo”.
De esta manera, se creó un importante espacio académico en donde se brindó la capacitación suficiente para fortalecer las investigaciones y procesos penales que se adelantarán en los próximos días en contra de las personas que resulten involucradas en la defraudación de fluidos en el Magdalena, La Guajira y el Atlántico.
Finalmente, también se analizaron las responsabilidades y las actuaciones de cada una de las autoridades que participan en la investigación y el juzgamiento de este delito, con el objeto de garantizar la eficacia de estos y la imposición de las penas a las personas que resulten condenadas.
Por último, Air-e y las autoridades policiales y jurídicas del país, continuarán ejecutando responsablemente su trabajo para contribuir a la reducción de las prácticas ilegales de la región y frenar el robo de energía eléctrica.
