La situación originada por el Covid-19 tiene desesperada a vendedoras informales del vecino país. Los tintos con pan no les están dando para vivir.
Las estadísticas oficiales ponderan la involución económica que enfrenta el mercado formal del país. Todas las empresas, con o sin experiencia, atraviesan por una situación financiera abrumadora, pues, la parálisis originada por el virus parece eternizarse con sus efectos negativos.
Pero dentro de ese abanico de posibilidades se debe considerar un sector poblacional que no es tenido por las encuestadoras, todo porque sus negocios pertenecen a la informalidad laboral.
En Santa Marta, este fenómeno no escapa de las múltiples variables. La capital del Magdalena presenta una tasa de informalidad del 62,2%, ocupando la casilla cuarta de las ciudades con más empleos informales de todo el país, antecedida por Cúcuta, Sincelejo y Riohacha.
Esta afirmación del DANE, se enfrenta con una tragedia adicional, el éxodo masivo de venezolanos. Migración Colombia calcula que en la ciudad hay aproximadamente 39.506 refugiados y algunos piden la ayuda humanitaria del Estado para retornar a sus países, dado que en la tierra del ‘Sangrado Corazón’ no hay maneras de subsistir.
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La historia contada de por una mujer venezolana dedicada a la venta de tintos con pan por las calles de la samaria, esboza el contexto de precariedades y abusos que han tenido que soportar. Arrendatarios, dueños de restaurantes e incluso vecinos, les exigen sexo a cambio de ayudarlas. Una especie de trueque precolonial, donde la comercialización de la vagina adquiere un valor agregado para el hombre nacional.
“Nosotros somos un grupo de venezolanos que queremos irnos a nuestro país, esto está demasiado complicado en Santa Marta, no nos dejan trabajar. ¿Cómo puede ser posible que los dueños de la piezas donde vivimos quieran tener relaciones sexuales con nosotras bajo la amenaza de sacarnos a la calle?”, expresó una ciudadana extranjera.
En medio de una protesta a las afueras del palacio municipal solicitaban hablar con la alcaldesa Virna Johnson con el fin de gestionar ayudas para la repatriación, así como fueron socorridos 109 de sus connacionales que lograron cruzar la frontera el pasado viernes.
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“Tenemos hijos y por ellos salimos a trabajar, pero no nos podemos acercar al mercado porque la UDEP no bota las frutas, nos tiran los termos. Necesitamos que nos ayuden por favor”, insistió.
El grupo de extranjeros solicitaba la intermediación de la secretaria de Seguridad y Convivencia, Sandra Vallejos Delgado. Insisten que ya no tienen dónde dormir y lo que menos quieren es comercializar sus cuerpos para obtener un techo donde descansar.
