Los empresarios consideran que el acompañamiento de la fuerza pública sería suficiente para garantizar el desarrollo de la movilización, que históricamente ha sido pacífica en la ciudad, sin afectar las actividades comerciales.
La Asociación de Comerciantes Nocturnos de Santa Marta (Asonocturnos) expresó su rechazo al decreto de ley seca que regirá durante la marcha convocada por Fecode y pidió a la Alcaldía Distrital reconsiderar la medida, al considerar que podría afectar los ingresos de bares, discotecas y otros establecimientos de entretenimiento.
Desde el gremio señalan que las movilizaciones de este tipo suelen desarrollarse de manera pacífica en la capital del Magdalena y sostienen que no existen antecedentes negativos asociados a estas marchas en la ciudad que, a su juicio, justifiquen una restricción con consecuencias para la actividad comercial.
Proponen acompañamiento de la fuerza pública
Asonocturnos considera que el despliegue y acompañamiento de la fuerza pública durante la jornada sería una alternativa para prevenir alteraciones del orden público y garantizar el desarrollo de la movilización, sin necesidad de imponer una medida que impacte directamente a los negocios nocturnos.
La asociación insiste en que las autoridades pueden adoptar acciones preventivas para mantener la seguridad, al tiempo que permiten el funcionamiento de los establecimientos comerciales. Para el gremio, la organización del operativo debe contemplar tanto la tranquilidad ciudadana como la protección de las fuentes de empleo e ingresos.
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El sector pide consideración con la economía local
La preocupación de los comerciantes también está relacionada con las dificultades económicas que, según manifiestan, han enfrentado en las últimas semanas, luego de las afectaciones al turismo y a la ocupación hotelera que atribuyen al paro armado registrado recientemente.
En ese contexto, Asonocturnos pide al Distrito evaluar el impacto de la ley seca y buscar medidas que permitan acompañar la marcha de Fecode sin perjudicar al sector nocturno. La asociación sostiene que la seguridad y el derecho a la movilización pueden garantizarse mediante una planificación adecuada, sin trasladar las consecuencias económicas a los comerciantes y sus trabajadores.
