Diego Posada Orjuela estuvo encargado de la UCI del centro asistencial entre agosto del 2020 y junio del 2021. Durante su estancia se presentaron varias muertes.
Hay consternación en Fundación, Magdalena por el regreso de Diana Celedón Sánchez a la gerencia del hospital San Rafael, teniendo en cuenta que la mujer estaba a cargo cuando se contrató al falso intensivista Diego Alejandro Posada Orjuela.
Los encargados de develar el nuevo cargo de Celedón fueron los diputados que conforman la Comisión Tercera de la Asamblea del Magdalena, los cuales están esperando una aclaración por parte de la secretaría departamental.
“Es importante conocer cómo avanzan las investigaciones en la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría con relación a este caso, pero también esperamos que se tomen medidas desde el centro asistencial para evitar que este tipo de situaciones se repitan”, expuso la diputada Rosita Jiménez.
Recordemos que, la irregular contratación de Diego Posada se destapó en mayo del 2021, cuando los usuarios empezaron a quejarse por el mal servicio que prestaba el galeno.
Lugo de las múltiples quejas, la gerente del Hospital San Rafael, Diana Calderón, investigó y llamó a la universidad de la que, supuestamente, procedían los documento y se llevó la sorpresa que nunca había cursado en dicha institución ni se había especializado.
Por lo anterior, la gerencia del hospital suspendió el contrato con el implicado el 14 de mayo del 2021 y la entidad se abstuvo de cancelar los honorarios.
Y es que Posada estuvo a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital durante 8 meses, donde cerca de 50 personas fallecieron por malos procedimientos.
Posada Orjuela recibía más de 32 millones de pesos mensuales y en el tiempo de servicio habría devengado cerca de 259 millones de pesos.
Actualmente la Contraloría departamental adelanta una investigación de responsabilidad fiscal por este caso por un valor de $212.704.000 millones y al proceso se encuentran vinculados el falso intensivista Diego Alejandro Posada Orjuela, la gerente Diana Celedón Sánchez y a Yelitza Jiménez Arteaga, contratista encargada del área de recursos humanos.
Por todo lo anterior, se cuestiona que una funcionaria que está implicada en este caso continúe ejerciendo cargos públicos.
