Los afectados aseguran que el Banco Agrario ha exigido una serie de requisitos que al parecer han generado retrasos en el trámite para el desembolso del dinero.
Un grupo de personas víctimas del conflicto armado en el Magdalena, ha resultado afectado debido a la falta de recursos por parte del Gobierno Nacional, estos aseguran que no han recibido la indemnización que les corresponde en estos tiempos de pandemia.
Los afectados aseguran que hasta la fecha no han sido priorizados, teniendo en cuenta que el Banco Agrario, entidad encargada de entregarle los dineros, ha exigido una serie de requisitos que al parecer han generado retrasos en el trámite para el desembolso del dinero.
Entre los afectados que reclaman este derecho, hay personas en condición de discapacidad de la tercera edad, con enfermedades huérfanas y algunos que han sufrido el despojo de sus tierras por parte de grupos armados.
Maryoris Nuñez, quien es discapacitada tras sufrir un accidente cerebro váscular, manifestó a través de SANTA MARTA AL DÍA que, a pesar de tener las ganas de trabajar para salir adelante junto a su familia, el estado le ha vulnerado sus derechos.
“Somos una población que quiere trabajar, muchos tenemos conocimiento en diferentes campos, y es una oportunidad para generar emprendimiento con los recursos. Mientras tanto en el Banco nos dicen que nos hace falta una carta cheque, entonces no entendemos que es lo que ocurre”, aseguró Nuñez.
De acuerdo a lo manifestado por Jair Diazgranados, director Territorial de la Unidad de Víctimas en el Magdalena, en la ciudad de Santa Marta durante el año 2020 se han otorgado 882 giros, por un valor de 5.642 millones de pesos, sin embargo, hay pendiente 28 giros por cobro de ventanilla, cifra que corresponde a un valor de 215 millones de pesos.
Por otro lado, se encuentran pendientes 65 giros en legalización de cuenta bancaria con proceso de bancarización, por un valor de 391.408.000 millones de pesos.
El funcionario además recalcó que la indemnización es una compensación que entrega el estado por los hechos victimizantes sufridos en el marco del conflicto armado, de tal manera que este tipo de acciones y cada uno de los montos se encuentran regulados en el decreto 1085 del 2015.
“La entrega de medidas de indemnización administrativa, dependen de las condiciones particulares de cada víctima, en especial para los eventos de desplazamiento forzado, homicidio y desaparición forzada. Esto depende de lugar de desplazamiento y el número de beneficiarios que acreditan tener estos derechos”, señaló Diazgranados.
Por su parte, Vilbrum Tovar, Alto Consejero para La Paz en el Distrito, manifestó su preocupación respecto a la situación que han venido viviendo las víctimas, y aclaró que esta exigencia se ha hecho a la gerencia del Banco Agrario a nivel nacional para que se les socialice las medidas a tomar y se agilicen los trámites.
“Queremos que se haga un plan de mejora o contingencia, la idea es que ellos tengan una mejor calidad de vida, porque de lo contrario su grado de sufrimiento aumentaría, muchos van hacer filas y al final no les entregan el dinero, después de haberse surtido un trámite de comprobación”, indicó Tovar.
Actualmente en la ciudad de Santa Marta hay reconocidas 104 mil víctimas, en su mayoría de la población afro, con un 25%, asimismo dentro de los beneficiarios está la población indígena, mujeres víctimas de violencia sexual, niños y niñas.
