En el municipio este fin de semana se presentaron disturbios en medio de la entrega de los mercados solidarios. La comunidad y el Alcalde aclaran los señalamientos hechos por el mandatario departamental.
La entrega de mercados solidarios en Salamina por parte de la Gobernación del Magdalena se vio empañada por una turba de manifestantes reclamando que las ayudas debían ser entregadas a todos los habitantes del barrio, aduciendo que toda la población está en estado de vulnerabilidad.
A raíz de los desmanes que ocurrieron, los cuales terminaron en quemas de llantas, bloqueo de vías e incluso agresiones personales entre manifestantes, el gobernador Carlos Caicedo expidió un comunicado en el que además de condenar el ausentismo del alcalde local, también señala que uno de sus funcionarios fue retenido de manera arbitraria y por poco le queman el vehículo donde se movilizaba.
“El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, rechazó y condenó la retención arbitraria el domingo 26 de abril, por cerca de dos horas, del secretario de Tránsito Departamental, Ernesto Castro, en una vivienda el barrio Simón Bolívar del municipio de Salamina, cuando hacían entrega casa a casa de Mercados Populares Solidarios a las familias más vulnerables”, dice el encabezado de la comunicación.
El señalamiento fue colocado en la dimensión de rapto, tanto que el mismo Gobernador, precisa que fue gracias a la acción de la comunidad, la Policía y el Ejército, Castro fue recuperado sano y salvo.
En el pronunciamiento Caicedo dijo que Luis Ramón Orozco, alcalde de los salamineros, “omitió sus funciones para garantizar el orden público en su municipio”.
LA VERSIÓN DE LA COMUNIDAD
El panorama pintado por el Gobernador hace suponer que la comunidad actuó con belicosidad reteniendo a Ernesto Castro, pero esta versión no concuerda con la entregada por los protagonistas del relato, pues, según Orfelina Camargo, la persona que recibió al delegado de Caicedo en su casa, en Salamina no hubo ninguna retención.
Camargo relata que el funcionario departamental se ofreció de manera voluntaria como garantía de que lo negociado con los líderes de la protesta se iba a efectuar. La persona asegura que Castro se bajó del vehículo sin presión y se dirigió hasta su vivienda, donde no solo utilizó el baño sino que además conversó en completa calma con la comandante de la estación de Policía del municipio.
“Ellos hablaban y él decía que habían cometido errores en las entregas, y cuando llegó el carro con las compras, el señor muy amable fue hasta allá, me consiguió un ‘mercadito’, luego se despidió de mis hijas y mis nietas que estaban conmigo en la sala”, precisa la humilde salaminera.
EL COMUNICADO DEL ALCALDE
Al conocerse la versión del Gobernador Carlos Caicedo, Luis Ramón Orozco también se pronunció a través de un comunicado en el que además de rechazar el accionar de los ciudadanos de su pueblo, también reprueba la versión que el mandatario del Magdalena dio en contra suya.
Orozco precisa que en la jurisdicción se estableció toque de queda para propiciar un clima adecuado para que se dieran las entregas como estaba estipulado. Además asegura que en consejos de seguridad ha resaltado el insuficiente pie de fuerza con el que cuenta Salamina, lo cual pudo haber sido un motivo para que se prolongara la coyuntura.
“Hago un llamado respetuoso al señor Gobernador para que no debilite las bases de legitimidad de las instituciones en estos momentos en los que para el contrario deben ser fortalecidas”, asegura el burgomaestre.
Luis Ramón respondió también a la citación hecha por Caicedo Omar del artículo 315 de la Constitución Política en la que se estipula las funciones de los alcaldes. “Olvida señor Gobernador que para conservar el orden público en el municipio las órdenes que imparte el alcalde local deben ser ejecutadas en conformidad con las instrucciones que se reciban del Presidente de la República y el respectivo Gobernador”.
No obstante, Carlos Caicedo anunció acciones legales para que la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación investiguen lo sucedido, puesto que constituye una agresión contra un funcionario en cumplimiento de su trabajo.
