Un templo que adora al diablo se ha convertido en el centro del debate sobre la libertad de culto en Colombia, se trata de la Asociación Templo Luciferino Semillas de Luz, ubicada en la vereda Aguacatal, municipio de Quimbaya, en el departamento del Quindío. Desde el año 2016 empezaron los cuestionamientos sobre si su funcionamiento era ilegal, la discusión volvió al ruedo hace algunas semanas, luego de que la Presidencia de la República designara a una gobernadora ad hoc del departamento para decidir si el templo debe o no cerrarse.
Desde su creación en 2015, el templo luciferino ha estado rodeado de detractores y problemas jurídicos, uno de ellos tiene que ver con su construcción, que según la Alcaldía de Quimbaya, se realizó sin los permisos necesarios. Otro, mucho más complejo, se refiere a un concepto de la Gobernación del Quindío sobre la legalidad de su funcionamiento.
El gobernador, Carlos Osorio Buriticá, sacerdote de profesión, expresó que “debía cancelarse su personería jurídica, porque un culto a Satán no es considerado como religioso”. La Corte Constitucional reconoció esa afirmación y por ello no puede funcionar como tal.
Osorio se refiere a la sentencia T-200 de 1995, en la que el alto tribunal expone las limitaciones a la libertad de culto: “Si bien el Estado se halla obligado por las normas constitucionales a permitir que los fieles de las distintas religiones tomen parte activa en los ritos propios de sus creencias, sin obstáculos ni impedimentos, los agentes estatales no pueden permanecer pasivos ante situaciones que, desbordando el curso razonable de las ceremonias religiosas, impliquen daño o amenaza a la vida, la integridad personal o la dignidad de los concurrentes o de terceros. Los ritos satánicos, que causan grave daño a la integridad física y moral de los circunstantes, no están comprendidos dentro de la libertad de cultos”.
Sobre las actividades que se desarrollan en el templo, su fundador, Víctor Damián Rozo, afirmó que “estamos en un país donde hay libertad de cultos, por eso estoy totalmente tranquilo. Aquí no practicamos actos ilícitos, ni promovemos la anarquía, ni nada que desate el desorden. Estamos bajo el marco legal y no veo argumento para que nos clausuren”.
El templo ha sido monitoreado por las autoridades locales sin que se haya encontrado nada irregular o ilegal, más allá de los líos urbanísticos, ni indicios de ritos satánicos.
En un país como Colombia, con una tradición católica y cristiana tan arraigada, los preceptos de un culto a Lucifer puedan percibirse como amenazantes o peligrosos. Siendo un estado laico, en el que discursos incómodos e incluso ofensivos para otros credos, deben ser respetados mientras no inciten al odio o a la violencia.
Cerrar el templo podría abrir la puerta para que en el país se cuestione y limite a qué o a quién se le puede o no rendir culto, por el solo hecho de ir en contra de una corriente religiosa mayoritaria.
Como el gobernador Osorio se declaró impedido para actuar en el caso, por ser sacerdote, el Gobierno designó a la directora técnica de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Beatriz Ríos, como gobernadora ad hoc para que decida si se clausura el templo o no.
