Esperamos que el retiro de la Reforma Tributaria no sea un aplazamiento disfrazado para evitar la manifestación del pueblo.
Este nuevo pico de la pandemia del Covid-19 ha generado en el país no solo grandes pérdidas humanas, sino que también ha llevado al borde de la quiebra a los pocos empresarios y comerciantes que habían logrado sobrevivir a esta crisis.
Las pequeñas y medianas empresas gastaron sus reservas económicas en el sostenimiento de sus nóminas y demás obligaciones concernientes a sus negocios, lo que ha llevado a muchos empresarios a prescindir de gran parte de su personal. Esta situación ha elevado por ende las tasas de desempleo.
Hay cientos de familias sin sustento, que han tenido que acudir al empleo informal para conseguir el diario que les permita escasamente alimentase y educar a sus hijos, como diría jocosamente el agravio costeño, ¡asando y comiendo!
En un momento tan difícil como el que Colombia atraviesa, tanto en el tema de la salud como el económico, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, presentó al Congreso de la República un proyecto de ‘Reforma Tributaria’ como método de salida a la crisis financiera que vive el Estado.
Con ella se buscaba enfrentar los costos de esta pandemia, sus obligaciones con los entes territoriales y los programas sociales con los cuales se encuentra comprometido como lo son: el ingreso solidario y el Fondo de Solidaridad Educativa para matrículas cero a estudiantes de estratos 1, 2, y 3. Por lo anterior llamó este proyecto como la ‘Reforma social, solidaria y sostenible’.
Esta reforma implica para la clase media de este país llevar la carga administrativa en sus tributos, sostener el gasto público, degradando aún más su condición; porque no olvidemos que en Colombia según información del Dane, un hogar de cuatro personas tiene que registrar ingresos mensuales por $549.400 para estar fuera de la pobreza extrema y que el ingreso per cápita debe ser de $137.350 para no estar en situación de malnutrición
No se requiere ser un experto en economía para saber que estas afirmaciones se encuentran totalmente fuera de todo contexto. El costo de alimentación bien podría superar el monto total, claro que si tuviésemos en cuenta el costo de un cartón de huevos para una familia a $1.800 tal vez podría ser un poco más asertiva esta afirmación.
Esto teniendo en cuenta que absolutamente todos los miembros cuenten con una fuente para obtener estos ingresos, pero la realidad que hoy nos envuelve es totalmente diferente.
En la mayoría de los hogares escasamente 2 de cada 4 integrantes tienen un empleo, y peor aún, en familias donde el ingreso provenía del empleo informal o del comercio con todas estas restricciones de movilidad, los toques de queda, los cierres y otras medidas tomadas por los dirigentes para preservar la vida y la salud, no cuentan con ningún tipo de sustento, en ocasiones se sostienen de ayudas familiares y en otras reinventándose desesperadamente para conseguir por lo menos sobrevivir.
Bajo este panorama tan crítico no es posible asimilar que nuestra ‘clase media’ tenga para responder a las pretensiones del Estado, es esto mismo lo que generó el repudio en el pueblo colombiano, es esta la causa que motivó a los ciudadanos a unirse en una sola voz: la voz de la protesta social, para reclamar sus derechos y para presentar su oposición al Gobierno Nacional solicitando el derogar esta reforma.
Fueron cuatro días en los que los ciudadanos de distintas ciudades del país estuvieron en pie de lucha y salieron a las calles sin importar siquiera la aglomeración o la exposición al virus.
Hubo enfrentamientos con las autoridades, disturbios, agravios de parte y parte, daños al patrimonio público, negocios privados afectados por grandes pérdidas materiales e incluso un saldo de 6 personas fallecidas por estas causas. Pero es entendible esta posición, porque es muy fácil pensar que si no nos mata el virus nos mata la crisis económica con los agravantes que traería esta reforma.
Con excepción de los casos de vandalismo y delincuencia común que suelen filtrarse en este tipo de eventos, podemos hacer un balance positivo a favor de la democracia y el bienestar del pueblo colombiano, se logró que el Presidente de la República solicitara al Congreso el retiro de la propuesta.
Cabe destacar, que manifestó que radicará un nuevo documento un poco más concertado con líderes de otros partidos políticos y de diferentes sectores económicos, ratificando que la reforma es “necesaria” para sacar el país adelante.
No es la reforma la única alternativa para este objetivo. Pensemos que existen otras posibilidades como la disminución de la nómina del poder legislativo, e incluso, el mismo ejecutivo que son un gasto público demasiado alto que hemos tenido que llevar por años y que nunca ha querido ser replanteado; venta de muchos activos estatales existentes; reducción de la estructura del estado; podría pensarse de hecho en reducir algunas superintendencias donde puedan unificarse algunas funciones.
Imponer la reforma es una solución rápida, pero inconveniente a la emergencia, porque la población en su respuesta dejó claro que no desistirá en resistir hasta derogar de manera definitiva esta opción.
Mucho dolor y angustia viven ya las familias colombianas con los estragos de este virus, sus muertos, sus enfrentamientos al sistema de salud colapsado, su falta de recursos como para pensar en el pago de más obligaciones y el desmejoramiento de las condiciones actuales.
Esperemos que este anuncio no sea un paño de agua tibia para limar asperezas o un aplazamiento disfrazado para evitar la manifestación del pueblo, sino que se lleve a cabo una verdadera concertación, no solo con los líderes políticos de los partidos o poderosos representantes del sector privado, sino que se usen los medios de elección popular como el plebiscito y en circunstancias más favorables, no en momentos en que la incertidumbre y la escases económica son el común denominador de los hogares de esta nación.
Cabe anotar, que desde la Presidencia la República se ha emitido la orden de militarizar las ciudades en estos últimos días, es cierto que el uso de la fuerza policiva o militar es un recurso de violencia legítima para el Estado, pero no olvidemos que su uso fundamental radica en defensa de la ciudadanía ante una amenaza inminente que atente contra el bienestar general de la nación y este no es el caso que hoy se presenta en Colombia.
La protesta social lejos de ser una amenaza, es un derecho al que están acudiendo muchos ciudadanos para rechazar las decisiones administrativas que afectan los intereses económicos del pueblo que hoy está en bancarrota. Es justamente lo que ha motivado las marchas.
Para los Colombinos la real amenaza es la ‘Reforma’ y salir a protestar se ha convertido en la forma de blindarse contra ello.
La decisión de apoyar la militarización de las ciudades no ha sido afortunadamente bien acogida por algunos gobernadores de diferentes municipios del país, ya que está decisión podría alterar los ánimos en la población, pues emite un mensaje de represión y sometimiento por parte del gobierno para con el pueblo colombiano.
Más bien se hace necesario un llamado a una concertación nacional donde todos podamos aportar con ideas innovadoras a los cambios profundos que necesita este país.
