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Santiago Uribe se entrega para cumplir condena de más de 28 años por caso de paramilitarismo y ‘Los Doce Apóstoles’

El hermano del expresidente Álvaro Uribe se presentó voluntariamente ante las autoridades tras quedar en firme la condena por concierto para delinquir agravado, relacionada con la estructura paramilitar conocida como ‘Los Doce Apóstoles’.

La condena contra Santiago Uribe Vélez comenzó a hacerse efectiva luego de que el ganadero antioqueño se presentara voluntariamente ante las autoridades para cumplir la pena de 28 años y tres meses de prisión impuesta por la justicia colombiana por su vinculación con el grupo paramilitar conocido como ‘Los Doce Apóstoles’.

La información fue confirmada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien indicó a través de sus redes sociales que su hermano llegó por sus propios medios a una estación de Policía para ponerse a disposición de las autoridades competentes.

Antes de entregarse, según relató el exmandatario, Santiago Uribe reiteró su inocencia y aseguró que jamás ordenó ni participó en asesinatos, insistiendo en que el proceso judicial en su contra ha sido injusto.

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La decisión judicial quedó en firme luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Antioquia, que en 2025 revocó un fallo absolutorio de primera instancia y concluyó que Uribe Vélez participó como cofundador, patrocinador y coordinador logístico de la estructura paramilitar.

De acuerdo con la investigación, el grupo criminal operó principalmente en el municipio de Yarumal y otras zonas del norte de Antioquia durante la década de los noventa, siendo señalado de ejecutar una campaña sistemática de violencia contra la población civil.

Según la Corte Suprema, la organización estuvo relacionada con el homicidio de cerca de 50 personas entre 1993 y 1994, mediante acciones que incluían la identificación previa de las víctimas, la elaboración de listas y posteriores asesinatos.

El expediente judicial también estableció que la hacienda La Carolina, ubicada en Yarumal, habría funcionado como centro de operaciones y entrenamiento de la estructura armada ilegal.

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Además del delito de concierto para delinquir agravado, dentro del proceso fue analizado el asesinato de Camilo Barrientos Durán, conductor de una chiva de transporte rural que fue atacado a bala el 25 de febrero de 1994 en una vía del norte antioqueño.

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