Así ha quedado en evidencia con las últimas muertes violentas, donde las autoridades revelaron que la mayoría de las víctimas presentan antecedentes y pertenecerían a diferentes grupos al margen de la Ley que se encuentran disputando el territorio en Santa Marta.
A excepción del funcionario de Daabon, Juan Carlos Pedroso; el guardabosques, Wilton Fauder Orrego León y la líder social Maritza Quiroz, las otras personas que fueron ultimadas en diferentes sectores de la ciudad, durante enero y febrero guardan alguna relación con actividades ilícitas que a la postre pudieron desencadenar el atentado criminal en su contra.
“Estamos al frente de varios casos por ajuste de cuentas entre miembros de organizaciones al margen de la Ley”, manifestó el coronel Gustavo Berdugo, haciendo referencia a los últimos hechos de sangre registrados en la capital del Magdalena.
Lo mismo opina el secretario de seguridad del Distrito Camilo George, quien manifestó que la mayoría de los crimines que han perturbado el orden público “están directamente asociados a un conflicto entre organizaciones criminales que operan en la Sierra Nevada de Santa Marta y sectores muy puntuales de la ciudad”.
El tema de igual forma genera miedo y zozobra entre los habitantes, quienes se encuentran en la mitad de esta guerra que se ha detonado entre bandas delincuenciales que se disputan las rutas del narcotráficos en esta parte del país.
De hecho, en el atentado criminal ocurrido la noche del lunes en el sector de La Lucha, una camioneta de la Gobernación del Magdalena, quedó en medio del ataque a tiros, donde fue asesinado alias ‘El Mello’.
En esta oportunidad milagrosamente ninguna persona inocente resultó herida, sin embargo, el vehículo recibió por lo menos cinco detonaciones de arma de fuego.
Como sucedió en este atentado criminal, la vida de la gente del común se encuentra en riesgo de caer en alguna balacera que pueda registrarse de manera repentina entre dos integrantes de organizaciones al margen la ley.
La situación es delicada, según ha manifestado el mismo alcalde de Santa Marta Rafael Martínez, quien además de solicitar apoyo al presidente de la República anunció un aumento de un pie de fuerza y un grupo especial para que el orden público en la ciudad no se salga de control.
Este panorama de violencia que registra la ciudad, actualmente superar la capacidad de policía e institucional del Distrito de Santa Marta, por esa razón se espera una pronta intervención del Gobierno Nacional, antes que se siga disparando los crímenes en esta parte del país.
Gremios empresariales como Daabon y entidades como Parques Nacionales de Colombia, se han unido al llamado a las autoridades para que redoblen los esfuerzos, pues sus funcionarios se sienten con miedo y sin garantías para ejercer su labor especialmente en el área rural.
