Organizaciones defensoras de derechos humanos en la ciudad confirman que en lo que va corrido de este año, han recibido más de 650 denuncias por abuso policial.
La Policía, no solo en Colombia, sino a nivel mundial, ha estado en el ojo del huracán por los casos de abuso de poder a los que se enfrentan y que cada vez son más comunes; particularmente, en el país han cobrado mayor fuerza en el último año, debido a las constantes manifestaciones de distintos sectores sociales.
El último caso que quizá se considera el detonante, para que se abriera el debate sobre estos hechos y se desatara una ola de denuncias, fue el homicidio de Javier Ordóñez, el joven que perdió la vida durante procedimiento policial en Bogotá, el pasado 8 de septiembre.
Y Santa Marta no estaba lejos del panorama, pues un mes antes del caso en la capital de la República, se presentó el de Jhonattan López, otro muchacho que fue asesinado en un presunto caso de extralimitación de la fuerza.
Justamente, ante este panorama, Jennifer Del Toro, psicóloga y defensora de Derechos Humanos, ha liderado durante este año una militancia en la ciudad alrededor del abuso de autoridad, por parte de uniformados de la Policía Metropolitana.
Según lo informado por la también activista de género, la percepción de la Policía en la capital del Magdalena tiene unas cifras bajas; esto, de acuerdo a una encuesta abierta realizada durante 3 meses por organizaciones defensoras de Derechos Humanos, sobre labor policial, la cual reflejó un total de 673 denuncias en contra de esta Fuerza Pública.
“Las denuncias iban desde delitos como extorsiones, abusos, lesiones personales, hurtos y distintas formas delincuenciales cometidas por uniformados. Estos casos tienen la característica de tener identificados claramente, un tiempo, modo y lugar para cometerlas. Tenemos todos esos casos documentados”, indicó Del Toro.
Asimismo, agregó que, junto con la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía seccional Magdalena y la Personería Distrital, abrió unas mesas de seguimiento que hasta el momento “han arrojado resultados positivos”, como por ejemplo en la celeridad y captura del responsable del asesinato de Jhonattan López, el 5 de agosto pasado.
Además, de un caso ocurrido el año anterior, donde un uniformado disparó y cegó la vida de Yeiser Escorcia, un joven de 17 años en el barrio San Jorge.
FILTRACIONES DE DELINCUENTES EN LA POLICÍA
Otro aspecto que destacó Jennifer Del Toro e igual de preocupante, es la complicidad con la delincuencia que existe entre miembros de la Policía Metropolitana.
La líder en DD.HH. argumenta que, estas posibles filtraciones tienen su origen en el asesinato del líder social Alejandro Llinás Suárez, de quien pudieron conocer cartas y denuncias escritas a autoridades civiles y policiales fueron conocidas por la criminalidad y que derivó en su asesinato.
“Consideramos que este crimen estaba relacionado con esta corrupción al interior de la Policía. Conocimos una investigación del robo de cerca de 200 armas del armarillo de la Metropolitana, cuando la coronel Sandra Vallejos era la comandante y una serie de irregularidades que nos hicieron creer que había mucho más por investigar”, sostuvo Jennifer Del Toro.
SECTORES MÁS AFECTADOS
Según la información suministrada a través de la encuesta y las mesas de seguimiento, se puedo establecer que mayoría de las víctimas son de estratos socioeconómicos 1, 2, 3, con alta tendencia a la ocupación laboral ligada a la informalidad, representada en las ventas ambulantes y el mototaxismo; estos últimos denuncian constantes persecuciones por parte de la Policía.
Entretanto, el 70% de los denunciantes son hombres, en la mayoría entre los 26 y 35 años; las quejas han sido recepcionadas en alto porcentaje, desde la Localidad 2, en barrios como Pescaíto, Los Almendros, Mamatoco y Bastidas.