Aunque Pablo Vera no dio nombre, sé presume que hace referencia a la Contraloría del Magdalena, debió a la comunicación que le envió en la que solicitó la suspensión de dos funcionarios adscritos a la Universidad.
Un duro señalamiento efectuó el rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera, durante la inauguración del Centro de Innovación y Transferencia en Salud, ubicado en el sexto piso del Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche; aseguró que la directiva de la Institución está siendo sometido por un organismo de control.
Vera dejó ver su molestia, por la presunta persecución por parte de dicho ente de control sobre las gestiones que realiza la institución, sin embargo, el rector no precisó el nombre del órgano.
El Rector pidió que no se confunda la buena inversión y gestión con la abundancia de recursos.
“Muy a pesar del acoso que estamos siendo sometidos por un organizamos de control, lo único que nos queda en esto, es darle la cara a la comunidad, rendir cuentas, mostrar nuestro compromiso con las futuras generaciones”, sostuvo.
Así mismo, solicitó que dejen a la universidad tranquila, “dejemos crecer en paz a la universidad, dejémosla avanzar. Nos somos una amenaza para nadie, para ningún sector”.
Recalcó que no tiene ningún poder económico, político ni social para defenderse su buen nombre y el de los funcionarios de la Unimagdalena, “pero no vamos a permitir que nos atropellen. Aquellos que ven a la Unimagdalena como una amenaza, la véanla como una oportunidad, porque este país, este territorio necesita universidades públicas de calidad”, finalizó Vera.
La investigación
Es de anotar, que el pasado 26 de mayo la Contraloría del Magdalena envió una comunicación al rector de la Universidad del Magdalena, Pablo Vera, para exigir la suspensión de dos funcionarios adscritos a la Universidad, mientras que se toma una decisión frente a una investigación fiscal que se adelanta por presuntas irregularidades que podrían llevar a detrimento patrimonial en el marco de una contratación que se celebró en el año 2018.
Los funcionarios afectados con la solicitud de la Contraloría fueron Jaime Noguera Serrano, vicerrector administrativo, y Wilberto Santos Galvis, profesional especializado adscrito al Grupo de Servicios Generales, quien fungió como supervisor del contrato que se celebró en ese año para la prestación del servicio de aseo en la institución pública.
El ente de control fiscal también agregó que en dicha investigación también está vinculado Víctor Hugo Vega Forero, representante legal de la empresa Servicios Globales SAS, con la que la Universidad suscribió el contrato para el suministro de aseo, cafetería y servicios generales por un valor aproximado de 7 mil millones de pesos.
