La tensa situación que se vivió en el penal por los alegatos de los internos fue solucionada. Dirección del centro asumió 4 compromisos.
La falta de elementos de bioseguridad frente a contagios por COVID-19 y la deplorable situación alimenticia en el centro penitenciario Rodrigo de Bastidas, motivó a los internos alzar su voz de protesta mediante una huelga de hambre, la cual fue levantada en las últimas horas.
El hacinamiento del 333% que se vive es motivo de preocupación porque ante la eventualidad de un primer caso de coronavirus la propagación sería vertiginosa, puesto que, algunos presos tienen enfermedades de base y otros superan los 75 años. Este escenario es el de mayor preocupación para los reos.
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Buscándole una solución pronta a la problemática y evitar un amotinamiento en su interior, la dirección de reclusorio mantuvo una reunión con los líderes de la huelga y llegaron a 4 compromisos determinantes.
El primero de ellos es la asistencia alimentaria a por lo menos 120 familias de los internos que no se encuentran reciben subsidios del Gobierno y que por este tiempo pasan hambre en sus casas.
La segundo obligación adquirida por parte del Inpec es el suministro de tapabocas o mascarillas para reclusos. El tercer compromiso consiste en la realización de una prueba de COVID-19 para uno de los internos con sintomatología que le hace pensar al penal que puede ser a fin al brote.
Por último, se busca programar una reunión con los alcaldes de los municipios que tienen internos para que ayuden a mitigar los efectos bajo los principios de subsidiariedad y solidaridad.
Los compromisos fueron anunciados en el consejo extraordinario de seguridad convocado por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien se comprometió a colaborar con la situación.
El comandante de la Policía del Magdalena, Samir Pava, aprovechó para hablar de la cárcel de El Banco, donde si bien todo transcurre con normalidad no se puede descuidar los protocolos.
