La mujer asegura haber sido agredida en la cárcel El Pedregal y que su embarazo es consecuencia de estas agresiones.
El sistema penitenciario colombiano enfrenta una grave denuncia de violencia institucional. Andrea Valdés Contreras, una interna de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, asegura haber sido víctima de abuso sexual por parte de guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) durante su tiempo de reclusión en la cárcel El Pedregal, en Medellín.
Como resultado de estas agresiones, la mujer quedó en estado de embarazo y ahora enfrenta un grave riesgo para su vida y la del bebé que espera.
La denuncia: represalias, abusos y tortura
Andrea Valdés, condenada por homicidio agravado, sostiene que su calvario comenzó cuando se negó a colaborar con una red de tráfico de drogas que operaba dentro de la cárcel El Pedregal. Según su testimonio, su negativa generó represalias dentro del penal, no solo por parte de otras reclusas, sino también de los mismos funcionarios del Inpec.
“Utilizaron a mis compañeras para marcarme la cara y cortarme el cabello como castigo por mis denuncias”, relató Andrea en su declaración. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Una noche, un guardia entró a su celda y la sometió a una brutal agresión sexual.
“Me desperté y vi a un dragoneante, robusto y alto. Pensé que venía a hacer una requisa, pero no. Me tomó del brazo, me lanzó al planchón y me tapó la boca para que no gritara. Me quitó el pantalón de la pijama y abusó de mí”, narró con angustia.
Antes de irse, el guardia la amenazó: “Siga llamando a esas fundacioncitas y verá que ahí sí la legalizamos”, una advertencia que, en el contexto carcelario, significa asesinato disfrazado de suicidio.
Un embarazo producto de la violencia
El 11 de octubre de 2024, Valdés descubrió que estaba embarazada. La noticia, lejos de traerle alivio, confirmó sus peores temores: su estado era la consecuencia directa del abuso que había sufrido en El Pedregal.
Tras reportar la situación, fue trasladada al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, donde se le diagnosticó una amenaza de aborto. Según su abogado, Felipe Alzate, en su organismo fueron encontradas sustancias abortivas que habrían sido suministradas sin su consentimiento, lo que refuerza la hipótesis de que sus agresores intentaron eliminar cualquier evidencia del crimen.
El hospital recomendó su reubicación en una “celda abierta” para garantizarle atención médica adecuada, pero el Inpec ignoró la sugerencia. Finalmente, el 10 de enero de 2025, Valdés fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde permanece actualmente.
Un patrón de violencia sistemática
El caso de Andrea Valdés ha sido analizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que en su informe reveló que las condiciones de reclusión a las que ha sido sometida constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
El dictamen médico detalla que la falta de atención médica, la rotación de guardias para mantener un ciclo de abuso y la negativa a permitir contacto con organizaciones de derechos humanos evidencian un patrón sistemático de violencia institucional. Además, señala que las amenazas, el aislamiento y la privación de derechos básicos configuran actos de tortura sexual y violencia de género, especialmente graves en contextos de privación de la libertad.
Sin respuesta del Ministerio de Justicia
El pasado 6 de marzo, la oficina de abogados Alzate Hernández, que representa a Valdés, envió una carta a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, solicitando medidas urgentes de protección para la reclusa. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido una respuesta concreta.
El abogado Felipe Alzate ha cuestionado la pasividad del Ministerio de Justicia y del Inpec, señalando que mantener a Andrea bajo la custodia de la misma institución que presuntamente la agredió es un acto de revictimización.
“No puede ser que la señora esté bajo órdenes de las mismas personas que la vulneraron, la agredieron y afectaron sus derechos fundamentales”, enfatizó Alzate.
