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Magdalena

Pueblo Kogui denuncia exclusión en nuevo decreto de la Línea Negra y anuncia acciones legales contra el Gobierno

La organización indígena MUÑKUAWINMAKU y el Consejo de Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena aseguran que el Decreto 0514 de 2026 vulnera derechos ancestrales, territoriales y espirituales al excluir a autoridades de Santa Marta, Ciénaga y Aracataca del proceso de concertación.

El pueblo Kogui del Magdalena elevó una fuerte denuncia pública contra el Gobierno Nacional tras la expedición del nuevo Decreto 0514 del 19 de mayo de 2026, mediante el cual se reglamenta la Línea Negra de la Sierra Nevada de Santa Marta

Según las autoridades ancestrales, la normativa fue construida sin una participación efectiva de las comunidades indígenas asentadas en Santa Marta, Ciénaga y Aracataca, lo que representaría una vulneración a sus derechos colectivos, culturales y espirituales.

El pronunciamiento fue realizado por el Consejo de Autoridades Tradicionales Kogui Kutshabitaboya Sa Tuxe Kualdintana y la Asociación de Autoridades Tradicionales Kogui del Magdalena “MUÑKUAWINMAKU”, quienes aseguraron que el Gobierno ignoró las observaciones jurídicas y constitucionales presentadas antes de la expedición del decreto.

Las autoridades indígenas indicaron que el documento fue radicado el pasado 10 de mayo ante la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior y otras entidades nacionales, dentro de los tiempos establecidos por el propio Ejecutivo. 

Allí expusieron argumentos basados en la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Ley 89 de 1890 y jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con consulta previa y autonomía indígena.

Sin embargo, denunciaron que sus peticiones no fueron tenidas en cuenta y que el decreto mantiene disposiciones que consideran excluyentes y discriminatorias frente al pueblo Kogui asentado en el departamento del Magdalena.

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Cuestionan concentración de representación indígena

Uno de los puntos más polémicos señalados por las autoridades tradicionales tiene relación con el reconocimiento otorgado al Consejo Territorial de Cabildos (CTC), organismo que —según denunciaron— concentra la representación política y decisoria de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, dejando por fuera a organizaciones y autoridades ancestrales del Magdalena.

De acuerdo con el comunicado, el nuevo decreto limita el reconocimiento institucional únicamente a organizaciones indígenas con presencia en departamentos como Cesar y La Guajira, mientras desconoce la legitimidad territorial y ancestral de las autoridades Kogui ubicadas en el Magdalena.

“Resulta preocupante que el Estado colombiano continúe actuando como si existieran pueblos indígenas de primera y segunda categoría”, expresaron las autoridades tradicionales en el documento divulgado a la opinión pública nacional e internacional.

Alertan afectación espiritual y territorial

El pueblo Kogui también manifestó preocupación por el manejo de los llamados “sitios sagrados” incluidos dentro de la Línea Negra, considerados espacios fundamentales para la conexión espiritual, los rituales ancestrales y el equilibrio natural de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Según explicaron, muchas de las decisiones relacionadas con estos territorios estarían quedando bajo representación de estructuras organizativas externas al Magdalena, desconociendo el papel histórico de los Mamos y autoridades espirituales Kogui en la protección de estos lugares.

Las comunidades indígenas reiteraron que dichos espacios no son simples puntos geográficos, sino territorios sagrados ligados a la Ley de Origen y al sostenimiento espiritual y cultural de la Sierra Nevada.

Anuncian acciones judiciales y constitucionales

Frente a la expedición del Decreto 0514 de 2026, las autoridades ancestrales anunciaron que acudirán a acciones constitucionales, judiciales, administrativas e incluso internacionales para defender su autonomía, gobierno propio y derechos territoriales.

Pese a las diferencias con el Gobierno Nacional, las comunidades aseguraron mantener disposición al diálogo institucional, aunque insistieron en exigir garantías reales de participación, consulta previa y reconocimiento efectivo de sus autoridades tradicionales.

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