El representante del Centro Democrático radicó un proyecto que también busca endurecer las penas por bloqueos de vías, mientras el congresista Julio César Triana pidió que estas conductas no sean excarcelables
Una nueva propuesta para endurecer las sanciones durante las manifestaciones públicas llegó al Congreso de la República. El representante a la Cámara por el Centro Democrático Jaime Arizabaleta radicó este 1 de septiembre un proyecto de ley que busca establecer penas de prisión para quienes utilicen capuchas u otros elementos para ocultar su identidad y, aprovechándose de ello, cometan actos vandálicos durante protestas.
La iniciativa, presentada junto con otros congresistas de esa colectividad, plantea una pena de 54 a 96 meses de prisión, además de una multa de entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para quien cometa un acto vandálico aprovechando el ocultamiento de su identidad durante una manifestación, reunión, movilización o concentración pública.
Penas más altas si utilizan elementos peligrosos
El proyecto establece además que la sanción podría aumentar en dos terceras partes cuando durante estos hechos se utilicen artefactos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas u otros elementos capaces de causar daños a personas o bienes públicos y privados.
De acuerdo con los autores de la propuesta, el objetivo es modificar el ordenamiento penal para que el ocultamiento de la identidad no sea considerado una simple circunstancia dentro de una protesta, sino que tenga consecuencias penales cuando sea utilizado para facilitar actos vandálicos.
También quieren ponerle freno a los bloqueos
El segundo eje de la iniciativa está relacionado con los bloqueos de vías e infraestructura de transporte. El proyecto plantea sanciones para quienes, mediante medios ilícitos, inciten, dirijan, constriñan o proporcionen recursos para obstaculizar temporal o permanentemente vías, cuando estas acciones afecten la salud pública, la seguridad alimentaria u otros derechos de los ciudadanos.
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El congresista Julio César Triana, uno de los coautores, defendió la propuesta y cuestionó que las penas actualmente contempladas permitan, según su posición, que algunos detenidos recuperen rápidamente la libertad.
Triana sostuvo que la iniciativa busca pasar de penas de entre dos y cuatro años a una sanción de 54 a 96 meses, es decir, de cuatro años y medio a ocho años de prisión. Según explicó, esto permitiría que el delito deje de ser excarcelable bajo las condiciones que contempla el proyecto.
“El ocultamiento de la identidad” quedaría en la mira
El articulado también incorpora definiciones que, según Triana, buscan facilitar la interpretación y aplicación de la nueva norma por parte de jueces y autoridades.
El congresista resumió uno de los principales objetivos de la propuesta en que el ocultamiento de la identidad utilizado para cometer actos vandálicos durante una manifestación tenga consecuencias penales más severas.
